Dennis Argueta
@dennis__argueta
Distintas organizaciones feministas se concentraron este viernes para conmemorar el décimo primer aniversario de la muerte de Manuela, una mujer que fue condenada por homicidio agravado luego de tener una emergencia obstétrica, posteriormente murió por cáncer linfático, esposada en el pabellón de reos del Hospital Rosales. Este caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 10 y 11 de marzo, en el que los familiares de Manuela buscan justicia y demandan al Estado Salvadoreño para que reconozca que hubo una serie de violaciones de sus derechos humanos y los de su familia.
El caso de Manuela es uno de los primeros en llegar hasta la CIDH, y si se llega a realizar una resolución en favor de la familia de Manuela, sería un importante precedente debido a que El Salvador es uno de los países en el que la interrupción del aborto es totalmente castigada con prisión.
“Consideramos que el Estado Salvadoreño tiene la oportunidad de reconocer la violación de derechos y reparar a la familia de Manuela, así como tomar medias referidas a protocolos de atención, secreto profesional del personal de salud, garantía de defensa y presunción de inocencia, lo que garantizará salud y justicia de mujeres que enfrenten situaciones similares a las de Manuela”, expresó Ivon Polanco, representante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Manuela era una mujer de escasos recursos, que no sabía leer ni escribir, vivía en una zona rural de Morazán, atravesaba el tercer trimestre de embarazo. Ella sufrió un dolor abdominal, sin saber que había sufrido una emergencia obstétrica, fue al hospital con una hemorragia y síntomas de preeclampsia (complicaciones en el embarazo). Al llegar al nosocomio, el personal de salud llamó a la policía y se le acusó de haber abortado.
Ella fue esposada a una camilla y fue interrogada, seis meses más tarde se le condenó a treinta años de prisión por homicidio agravado. Ya en el 2010, dos años después de su condena, murió por cáncer linfático, y de acuerdo a las organizaciones feministas, ella no recibió el tratamiento adecuado, ya que había hecho consultas en 2007, y no se le fue diagnosticado correctamente, y eso habría sido la causa de la emergencia obstétrica que ella tuvo, estos puntos fueron expuestos en el caso ante la CDIH.
“A Manuela se le denunció específicamente planteando que ella había abortado porque ese embarazo era producto de una infidelidad, y ese prejuicio de género fue lo que generó todas esas violencias, todas esas opresiones, todas esperamos que en el último trimestre de este año poder tener un fallo que sea favorable”, dijo Sara García, representante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
De acuerdo con el informe de la Comisión, Manuela “no recibió un diagnóstico médico integral cuando fue privada de libertad, ni tampoco un tratamiento médico oportuno y adecuado, el cual hubiera permitido prolongar” su vida, pues desde 2007 tenía indicios del cáncer.
El fallo que puede dar la CIDH, podría tardar seis meses a un año, y será un determinante para la familia de Manuela y para todas las mujeres que sufren este tipo de discriminación en el país.