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Blanca Coto, superintendente general de electricidad y telecomunicaciones. Foto Diario Co Latino / Josué Parada.

“A partir del 1 de noviembre las tarifas telefónicas tendrán una baja”: Blanca Coto

@AlmaCoLatino

Con el propósito de beneficiar directamente a la población que utiliza la telefonía celular y fija, capsule la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) indicó  que a partir del 1 de noviembre se aplicará una reducción en las tarifas y cargos.

Blanca Coto, illness titular de la SIGET conversó con Diario Co Latino donde explicó los beneficios que esta medida traerá para la población.

Según Coto, medicine el artículo 94 del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones establece que el 1 de octubre de cada año debe establecerse las tarifas vigentes del nuevo período.

Tarifas máximas y cargos de acceso aprobados con IVA, vigentes a partir del 1 de noviembre de 2014.
Tarifas máximas y cargos de acceso aprobados con IVA, vigentes a partir del 1 de noviembre de 2014.

“A partir del 1 de noviembre las tarifas telefónicas tendrán una baja, nosotros incentivamos la sana y libre competencia, la población pueda decidir entre las diferentes operadoras de telefonía”, señaló la Superintendenta.

El estudio concluyó el 30 de septiembre y el 1º de octubre se dio en firme un acuerdo por parte de la Junta de Directores donde se estable los cargos máximos de interconexión, así como los cargos de acceso a los servicios públicos de telefonía fija y móvil.

En este período se tiene nuevas tarifas así para quienes hacen uso de un móvil a otro de la misma red pagará como tarifa máxima por minuto 0.14902 centavos de dólar, mientras que, la tarifa máxima que las operadoras pueden ofrecer a los usuarios que hable de un celular a otro de una red diferente es de 0.18105 centavos;  en la actualidad es de $0.20 lo que representa un ahorro de dos centavos por cada minuto.

La funcionaria dijo que la población podrá saber cuáles son las tarifas máximas que un operador de telefonía puede cobrar a los usuarios, el principal beneficio es que con la misma cantidad de dinero por recarga efectuada se podrá hablar por más minutos, lo cual significará un ahorro a la economía de los salvadoreños que hacen uso de la telefonía.

Con esta medida también se beneficiarán quienes hacen uso de la telefonía fija, pues se han reducido los cargos para el sector residencial y comercio. Actualmente, la tarifa es de $6.75 para la telefonía fija residencial y con la aprobación nueva será de 6.08 dólares, mientras la telefonía fija para el comercio es de $12.29 y con la nueva aplicación es de 10.23 dólares.

“Esto se convierte en ahorro para la familia, ahorro para la micro empresa, ahorro para la industria, dinero que puede destinar para otros usos. Lo que se busca también es que la población tiene derecho a conocer sí las promociones que ofrecen las telefónicas son realmente promociones”, sostuvo.

A criterio de la Superintendenta es necesario que el usuario de telecomunicaciones conozca cuánto es la tarifa máxima aprobada de telefonía, lo cual significa que las empresas pueden ofrecer una tarifa por debajo de esa cantidad aprobada, a fin de entrar en un mecanismo de sana y libre competencia.

Asimismo, indicó que la Ley de la Defensoría del Consumidor estipula que deben transparentarse los precios, en este caso la SIGET pretende que se transparenten las tarifas de telefonía, que la población sepa realmente cuánto está pagando por cada minuto en su llamada a otro teléfono móvil.

En el país se contabilizan 9 millones de teléfonos celulares, de los cuales el 80% son usuarios del servicio prepago, por lo cual con la reducción en las tarifas se beneficia a las personas de menos recursos económicos y que hacen uso de este servicio para solventar una emergencia de comunicación.

Coto reiteró que uno de los lineamientos dados por el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, al asumir la titularidad de la SIGET, fue trabajar por reducir los costos en los servicios públicos esenciales, mejorar la calidad y aumentar la cobertura.

La funcionaria aseguró que en la legislación del país nunca se ha contado con una norma de calidad incorporada en la Ley de Telecomunicaciones, razón por la cual, el presidente Sánchez Cerén recientemente sancionó el decreto legislativo, donde que establecen las facultades y obligaciones de la SIGET para elaborar normas de calidad y servicios de telecomunicaciones.

Asimismo, señala las potestades de la SIGET para sancionar a aquellos que no cumplen con la calidad de servicio, y también da la oportunidad al operador que pueda resarcir al usuario cuando la calidad no se ha cumplido y el servicio no se ha prestado.

“El presidente de la República ya ha sancionado el decreto legislativo, lo cual ya lo vuelve Ley de la República, la SIGET tiene la facultad de poder establecer en coordinación con el de Reglamentación Técnica las normas para el servicio de calidad de telecomunicaciones y garantizar que estas se cumplan”, comentó.

Por el momento, la SIGET ha contactado a las compañías telefónicas para que nombren a sus delegados y establecer la mesa técnica de elaboración del proyecto de normas de calidad, que será presentado al Organismo Salvador de Reglamentación Técnica.

La Portabilidad

La titular de la SIGET enfatizó que ya se trabaja en  el reglamento de portabilidad numérica, el cual se pretende  entre en vigencia a partir de febrero del próximo año, lo cual permitirá que el número telefónico del usuario pueda ser reconocido y utilizado por cualquier compañía que la persona estime conveniente para prestarle el servicio de telefonía.

Para la emisión del reglamento de portabilidad numérica la SIGET desarrolla un estudio de factibilidad e incorporará en dicho reglamento los lineamientos básicos que los operadores de redes comerciales implementen la portabilidad numérica, según el modelo de sistema como el mecanismo idóneo. El plazo que se ha establecido es febrero de 2015. Coto señaló que uno de los retos principales en su administración es impulsar la democratización del espectro y de las telecomunicaciones, así como buscar que los servicios públicos esenciales de telefonía y electricidad tengan costos más accesibles a la población, y de manera particular que las personas de más escasos recursos económicos cuenten con servicios de calidad y a bajos costos.

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