Recientemente, el candidato presidencial del partido ARENA Carlos Calleja, en un intento de no ver afectada su candidatura por el tema de la privatización del agua, interpuso en la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley para modificar el artículo 69 de la Constitución, para que se reconozca el “derecho humano al agua”.
El candidato presidencial de ultraderecha estuvo acompañado también por diputados del Partido de Conciliación Nacional (PCN).
Nos cuesta pensar que al señor Calleja, su propio partido y sus aliados de derecha, no le hayan explicado que en el Congreso está un anteproyecto de ley por el derecho humano al agua y a la alimentación, que desde la legislatura anterior solo necesitaba ser ratificado.
Es decir, hay un anteproyecto de ley ya aprobado, desde hace seis años aproximadamente, y solo requiere que se desengavete y se apruebe.
Parece que estamos ante el más vulgar oportunismo político y demagogia de un candidato presidencial y de dos instituciones políticas (ARENA y PCN), porque no solo intentan tomarle el pelo a la ciudadanía, al pretender que están en contra de la privatización del agua, sino, porque ellos han sido los que históricamente se han opuesto a modificaciones constitucionales para garantizar el derecho al agua.
También, han sido esos dos partidos políticos los que se han opuesto a aprobar una ley del agua, cuyo articulado estaba aprobado por la comisión respectiva, en la legislatura anterior, en más del 90%.
Si al candidato Calleja le interesa el sentir del pueblo en el tema del agua, que se está pronunciando en las calles desde hace varios años, y al que a finales del año se unió la Iglesia Católica, debería ordenarle a los diputados de su fracción dar sus votos para que se ratifique la reforma del artículo 69 de la Constitución que la legislatura de hace seis años aprobó.
De igual forma, si al señor Calleja le preocupa y ha leído el descontento popular, debería ordenar a su fracción retome el proyecto general de agua del que la legislatura anterior aprobó 92 artículos, y que solo quedaban pendientes algunos, entre estos, el de la conformación de la entidad administradora.
No se trata de nuevas leyes o una nueva propuesta para modificar la Constitución, hacerlo así no es más que demagogia y oportunismo político.