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Por Mauricio Funes
Ex Presidente de El Salvador
La pregunta no es si el Presupuesto del 2025 que presentó el gobierno a la Asamblea Legislativa responde o no a las necesidades de la población.
Esa es la pregunta a la que la oposición y algunos críticos del régimen han prestado más atención.
La pregunta debería ser:
¿A qué intereses económicos y políticos responde este Proyecto de Presupuesto?
Todo Presupuesto de gobierno contiene prioridades, tanto a nivel de los gastos como de los ingresos.
Muchos se confunden cuando reducen el análisis al gasto y pasan por alto el estudio de los ingresos del gobierno.
Cuando el análisis se limita a los gastos saltan a la vista los recortes o aumentos que contiene.
Pero queda oculto el propósito global de la gestión pública y cuáles son las fuerzas sociales y políticas que la determinan.
Para el caso, en el Proyecto de Presupuesto del 2025, aunque con respecto al Presupuesto de este año hay un aumento de más de 500 millones de dólares, esta erogación no se traduce en un fortalecimiento presupuestario de los Ministerios o Instituciones relacionadas con el gasto social o la inversión productiva, y por tanto con el bienestar de la población.
Salud y Educación son los Ministerios donde se proyectan los mayores recortes con el consiguiente impacto en las condiciones de vida de la población, sobre todo en la de menores ingresos.
Se le quitan fondos al primer nivel de atención sanitaria, al funcionamiento y equipamiento de Hospitales y Unidades de Salud, a las asignaciones salariales de los empleados de ambos sectores.
Llega este gobierno al extremo de quitarle al Hospital Rosales, al Bloom o al de la Mujer, para darle recursos al nuevo Hospital de Mascotas (Chivo Pet).
Se dejará también de invertir en infraestructura educativa como se había prometido.
No se cumplirán las proyecciones de modernización, remodelación y construcción de escuelas públicas.
Tampoco se abrirán nuevas sedes regionales de la UES y el personal docente en general seguirá mal pagado.
Se recorta además el presupuesto de Agricultura y Ganadería, con lo que se afectará aún más la soberanía y seguridad alimentaria del país.
A partir del 2025 habrán menos recursos para los paquetes agrícolas, para el crédito público y la asistencia técnica a campesinos pobres y a las cooperativas agrícolas y para la comercialización de sus productos.
Los famosos agro mercados o la Central de Abastos solo facilitarán el acceso a algunos productos alimenticios de origen agrícola eliminando la figura del intermediario, pero no estimularán la producción nacional.
El país seguirá dependiendo de la importación de alimentos de Centroamérica, México, Estados Unidos y de algunos países de Sudamérica como Argentina, Colombia y Brasil.
El acceso a los alimentos, como carne, leche y sus derivados, verduras, frutas y hortalizas, dependerá del valor comercial de los productos importados y no de su oferta.
El mayor énfasis en la importación aumentará el desempleo agrícola, lo que afectará el consumo de las familias rurales.
Es de esperar, por tanto, un nuevo aumento de la pobreza, sobre todo, rural.
Este comportamiento del gasto público solo nos revela el deterioro de las condiciones de vida de la población que se profundizará aún más el próximo año, pero no nos permite descifrar quiénes serán los beneficiados con un Presupuesto General de la Nación, tal como el que ha sido presentado.
Al analizar los ingresos notamos que por más esfuerzos que se hagan en la colecta de tributos, mientras no se aprueben nuevos impuestos al patrimonio de los millonarios (un poco más de100 millonarios acaparan el 40% de la riqueza nacional) los ingresos tributarios seguirán cayendo.
El país demanda una reforma tributaria progresiva, según la cual el que gana más paga más.
La aprobación de un impuesto al capital patrimonial de los más ricos del país, o la implementación del impuesto predial y a los bienes de lujo, o incluso un aumento del impuesto a las ganancias extraordinarias de las grandes empresas, harían llegar más recursos al fisco y por tanto, depender menos de los impuestos regresivos o del endeudamiento externo.
Tal como se ven las cosas, la economía seguirá deprimida el próximo año, con lo que difícilmente se alcanzarán las metas tributarias trazadas por el gobierno.
Por lógica, si la economía del pais crece a una tasa muy baja, el gobierno colectará menos impuestos.
Al igual que este año, en el 2025 se captarán menos tributos que los proyectados en el Presupuesto, por lo que el gobierno tendrá serias dificultades para asegurar el financiamiento del gasto público y cumplir con el 100% de la ejecución financiera.
Ni con un aumento del IVA como el sugerido por el FMI se recortará la brecha presupuestaria que se viene arrastrando desde el primer año de gobierno de Bukele.
Si un nuevo esquema de tributación de carácter progresivo podría asegurar la sanidad en las finanzas públicas, ¿por qué el gobierno ha decidido renunciar a una de las ofertas económicas que viene haciendo desde el 2019?
La respuesta cae por su peso: No se tiene la voluntad política de afectar los intereses de los grupos oligárquicos en el país, que siguen siendo “los dueños de la finca”
Por eso, ante la interrogante que formulábamos en el título de este artículo: ¿A qué intereses responde el Presupuesto 2025 presentado a la Asamblea Legislativa?
No cabe duda que responde a los intereses de los grandes grupos empresariales del país que se expresan en las fortunas de las familias oligárquicas salvadoreñas.
Estas fortunas y esta excesiva concentración de la riqueza es la que no se desea afectar y tampoco modificar.
