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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La población de la Comunidad Santa Marta y líderes de ADES reiteraron la petición de libertad de sus compañeros,y declararon que este 11 de enero se cumplió un año de “persecución judicial contra sus líderes”, que califican de injusta e ilegal.
“Hoy se cumplió un año de detención ilegal e inicio del injusto proceso penal contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, capturados arbitrariamente el 11 de enero de 2023 bajo una acusación sin pruebas de la Fiscalía General de la República”, declararon.
La madrugada del 11 de enero de 2023, autoridades de la Fiscalía General de la República, juntamente con miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), llegaron a la comunidad Santa Marta, municipio de Victoria, Cabañas, para capturar a Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, directivos de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES).
La captura de los ambientalistas motivó la movilización social por parte de la comunidad Santa Marta, y de las organizaciones sociales y populares de El Salvador, así como renocidas organizaciones internacionales.
La Comunidad Santa Marta se fundó de expatriados de Mesa Grande, Honduras, donde se refugiaron tras ser perseguidos por el terrorismo de Esatodo durante el conflicto armado.
“Desde el primer momento sospechamos que la acción fiscal y las posteriores diligencias judiciales poco o nada tenían que ver con investigar y hacer justicia por un supuesto crimen de la guerra; y a lo largo de este año hemos confimado que el trasfondo de esta persecución penal es la criminalización del activismo ambiental”, reiteran los comunitarios de Santa Marta.
La comunidad considera que sus compañeros enfrentan las “intenciones gubernamentales” de la reactivación de la minería metálica en El Salvador, pese a estar prohibida por ley, lo que podría acabar con el agua, el medio ambiente y la continuidad de la vida.
“Lo hemos denunciado 250 organizaciones de 30 países en febrero del año pasado. De igual forma lo ha consignado Naciones unidas por medio de la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos, María Lawlor, quien en mayo y en septiembre se pronunció por la libertad y la absolución de nuestros compañeros”, indica la comunidad de Santa Mara y ADES en un comunicado difundido este jueves.
“En el mes de julio, 17 congresistas estadounidenses también pidieron al secretario de Estado (EEUU), Antony Blinken, interceder ante las autoridades salvadoreñas, y destacaron el rol de los ambientalistas en la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica”, reafirmaron.
Asimismo, mencionaron la acción pública de cerca de 200 académicos, abogados y organizaciones jurídicas de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Alemania, España, Italia, Noruega, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y otros 16 países alrededor del mundo, quienes enviaron una carta al fiscal general Rodolfo Delgado, con la petición de retirar la acusación contra los líderes ambientalistas de Cabañas.
“Esta semana las organizaciones de veteranos, veteranas y excombatientes del conflicto armado también exigieron en un pronunciamiento público la libertad de nuestros compañeros. Y con esta misma demanda se están manifestando estos días organizaciones solidarias ante embajadas y consulados salvadoreños en Estados Unidos, Canadá y otros países”, expresaron.
“Por tanto, exigimos al Estado salvadoreño que escuhe todas estas voces que el fiscal Rodolfo Delgado retire la acusación y que la jueza de Instrucción de Sensuntepeque, María Elizabeth Amaya Rivera, otorgue el sobreseimiento definitivo a nuestros compañeros detenidos injustamente”, puntualizan en su pronunciamiento público la Comunidad Santa Marta y ADES.
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