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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
El 1 de mayo de 2021 el pueblo marchaba, como lo hizo ayer; los municipios cambiaban de gobierno, la asamblea legislativa instalaba la nueva legislatura y, antes que el día terminara, se consumó el golpe de estado a la Sala de lo Constitucional.
A un año, los resultados de aquel golpe, que superó al dado el 6 de febrero de 2020 contra la Asamblea legislativa, los resultados son más que evidentes, la concentración de poder en manos del presidente de la república está destruyendo al país.
Convirtieron a la Asamblea en un órgano pasa papeles, solo capaz de apretar el botón por cualquier iniciativa que les ordene el presidente de la república, y su poder destructivo es grande; sobre las espaldas de esos diputados oficialistas, la historia registra ya tantas perdidas en todos los órdenes.
Hace un año destituyeron a los cinco magistrados propietarios y a los suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); la sala legitima logro emitir y publicar una inconstitucionalidad minutos después del acuerdo de la nueva asamblea oficialista, fue incumplida su resolución, y los magistrados impuestos se instalaron como si aquel fuera un acto legítimo.
Lo que vino después deja claro para la historia la importancia de que exista equilibrio de poderes dentro de los órganos principales del estado; haberlo perdido, nos retrocede como país.
A ese golpe contra la Sala de lo Constitucional, integrada por profesionales respetados y respetuosos de la Constitución, le siguió la destitución del Fiscal General de la República; así, cualquiera sabía que de ese momento en adelante, en el ejecutivo se concentraba la capacidad de decidir a quién acusar penalmente y a quién no; dejaba el paso libre para que las leyes, por mas aberrantes que sean, no exista poder para declararlas inconstitucionales.
A la par de esa demostración de golpe, estaba el control ya ejercido sobre la fuerza armada y la policía, que mostraban su lealtad al presidente y no a las leyes que les mandan ser apolíticas y no involucrarse en partidos.
El que ahora tenía el control, como lo había afirmado en su primer golpe de estado, mostraba sus garras, su capacidad de someter a quienes quisieran hacer valer la Constitución. A lo mejor eso incidió en el hecho de que el resto de magistrados de la CSJ guardara silencio y, simplemente, dejara que se instalara la representación del que se convertía de un presidente electo popularmente en un dictador.
Los hechos que sucedieron aquel 1 de mayo en su primera semana, evidencian todo lo que vendría antes que una parte suficiente del pueblo abriera los ojos para reprocharlo:
Declarar que no se debe pedir cuentas a los gastos ocurridos durante la pandemia, ni juzgar a nadie, ni privados ni funcionarios por lo que hubieran hecho conforme a las leyes vigentes en aquel momento; despachar a la CICIES que ellos mismos habían creado para perseguir la corrupción y que a esa altura había presentado pruebas de corrupción de los funcionarios del gobierno en turno;
Mutilar el derecho de la gente a la información pública, con medidas tanto legales como administrativas, que declaran reservada las informaciones que deben ser del conocimiento de la ciudadanía;
Concentrar los fondos que corresponden a la población a través de sus gobiernos municipales (FODES), disminuirlos y concentrarlos; disponer de los fondos presupuestados para inversión pública en lo que ellos quisieran, principalmente en refuerzos a la fuerza armada y policía;
Destituir a jueces, nombrar a su antojo los nuevos, crear comisiones especiales para perseguir a ex funcionarios, a organismos no gubernamentales, pero ante todo, para instalar la imagen deformada que les conviene para seguir acumulando poder y amedrentar cualquier manifestación de oposición, auditoría social, crítica de parte de la gente organizada y con criterio suficiente para juzgar el actuar de los gobernantes.
Ni decir de las decisiones en materia económica y financiera, que han llevado al mayor endeudamiento del país, a perder su capacidad crediticia, a mutilar a su antojo las obligaciones de prestar servicios a la población, con la consecuente pérdida de logros en materia socioeconómica de importantes sectores, como el agrícola.
El golpe de estado del 1 de mayo de 2021 coloca al país en un escenario de franca dictadura, y ésta muestra su paso a una nueva escalada con las últimas medidas, en las que se usa el argumento de perseguir delincuentes organizados en maras, para arrebatar derechos, libertades y perseguir opositores.
Los Magistrados perdieron su condición para proteger el estado de derecho, nosotros, la población, somos las víctimas principales de ese golpe. Queda ahora el desafió de rehacer caminos para recuperar ese fundamento democrático de distribuir en vez de concentrar el poder del estado.
