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Por Hector Velasco
La Habana/AFP
Después de casi cuatro años de diálogos en Cuba, los rebeldes de las FARC y el gobierno de Colombia están a un paso de cerrar con éxito este miércoles la negociación del acuerdo que busca poner fin a medio siglo de conflicto armado.
Las delegaciones de paz preparan un anuncio conjunto que en principio debería ser el del buen término de las negociaciones iniciadas en noviembre de 2012 en La Habana, según fuentes de ambas partes consultadas por la AFP.
Las FARC y el gobierno prevén informar que alcanzaron un acuerdo final sobre los seis puntos de la agenda, pero todavía es incierto cuándo y dónde será la firma de la paz entre el presidente Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez (Timochenko), jefe máximo de la guerrilla.
Este miércoles «se trabajará en la redacción de un anuncio en torno al cierre de las negociaciones. Quedan por revisar asuntos técnicos», afirmó bajo reserva un miembro del equipo negociador de las FARC.
En similar sentido, se refirió, también bajo confidencialidad, la delegación de paz del gobierno.
En la noche del martes varios medios colombianos, citando fuentes anónimas, dieron por hecho el término exitoso de los diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Aun cuando este miércoles se anuncie el fin de las negociaciones y probablemente una fecha para la rubricación del acuerdo, Colombia todavía deberá esperar a que lo pactado en La Habana sea aprobado en un plebiscito próximo a convocarse.
Solo si el acuerdo supera la prueba en las urnas (para lo cual requiere al menos 4,4 millones de votos afirmativos y que el «No» tenga una votación menor), podrá decirse que el último conflicto armado en América está en vías de extinguirse.
El acuerdo con las FARC, en armas desde 1964 y la mayor guerrilla de Colombia, permitirá superar en gran parte un enfrentamiento que deja unos 260.000 muertos, casi siete millones de desplazados y unos 45.000 desaparecidos.
Sin embargo, todavía están activos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) – una organización casi igual de antigua que las FARC pero más débil – y grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico y la minería ilegal.
Además de las FARC y el ELN, en la llamada guerra interna de Colombia han participado agentes del Estado y grupos paramilitares de extrema derecha.
«El día empieza a despuntar, los días ahora son horas para que la paz empiece a tomar cuerpo», escribó Pastor Alape, negociador de la guerrilla, en su cuenta de Twitter.
Después de La Habana
En la última semana los equipos negociadores de las FARC y el gobierno trabajaron de forma ininterrumpida para finiquitar el acuerdo.
Los asuntos que estaban todavía en discusión eran el alcance de la amnistía para las FARC (que excluye a los responsables de delitos atroces como secuestro, desplazamiento, violencia sexual) y la participación política de los rebeldes.
El gobierno de Santos necesita que se concluya formalmente la negociación para preparar la convocatoria del plebiscito, mientras la guerrilla, con el texto en la mano, realizará una última reunión de comandantes con la tropa en Colombia para dar el paso definitivo hacia su desarme y transformación en partido político.
El pacto de La Habana prevé acuerdos y compromisos en el problema agrario que dio origen a las FARC y del narcotráfico.
Asimismo, las partes convinieron fórmulas para la reparación de las víctimas, la participación política de los futuros excombatientes de la guerrilla, y el alto al fuego bilateral y definitivo.
Por último acordaron que los acuerdos sean refrendados vía plebiscito. Un sector influyente en Colombia encabezado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) se opone firmemente a lo pactado en La Habana por considerar que dejará en la impunidad delitos atroces de las FARC.
El compromiso alcanzado en Cuba establece que quienes confiesen sus crímenes atroces ante un tribunal especial podrán evitar la cárcel y recibir penas alternativas.
Si no lo hacen, y son declarados culpables, serán condenados a penas de ocho a 20 años de prisión.
Se espera que las FARC inicien su desarme una vez sean refrendados los acuerdos en un plazo de seis meses contados a partir de su concentración en 23 zonas y ocho campamentos en Colombia.
Observadores desarmados de la ONU y delegados de las FARC y el gobierno verificarán el proceso de dejación de armas, con las cuales se levantarán tres monumentos.
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