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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Vanessa Ramos, presidenta, y Luis Carlos Moro, secretario general de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), exigieron la inmediata libertad de los líderes comunitarios y ambientalistas de Santa Marta, Cabañas, y la desestimación de los presuntos delitos.
El 11 de enero de 2023, Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes comunitarios de Santa Marta y directivos de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), fueron detenidos por un supuesto hecho ocurrido durante el conflicto armado de los años ochenta. Luego de 7 meses de su detención arbitraria la Fiscalía General de la República y el Sistema Judicial, específicamente el Juzgado de Paz de Victoria, el de Instrucción de Sensuntepeque y la Sala de lo Penal y Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se han “ensañado con estos defensores sociales”, denunciaron los pobladores de la comunidad Santa Marta.
“La Asociación Americana de Juristas (AAJ) ante la escalada de represión y la militarización destacada en El Salvador por el gobierno del presidente Nayib Bukele, manifiesta su rechazo a las recién aprobadas reformas de la Ley contra el crimen organizado, las cuales se aplicarán a los detenidos bajo el régimen de excepción profundizando la arbitrariedad en el sistema de justicia”, señalaron.
“Estimamos que son de carácter inconstitucional por violentar aspectos elementales del debido proceso, la independencia judicial y los tratados internacionales suscritos por el Estado salvadoreño”, acotaron.
En cuanto al régimen de excepción instaurado el 27 de marzo de 2022, que suspendió las “garantías constitucionales” como la libertad de asociación, la inviolabilidad de las telecomunicaciones, la defensa técnica y la detención preventiva por 72 horas (3 días), la AAJ consideró que eran reformas que tienen el objetivo de procesar colectivamente a las personas capturadas bajo el régimen de excepción, que en su mayoría fueron detenciones arbitrarias.
“Se trata de más de 71 mil personas que serían agrupadas en grupos de 900, para acusarlos ante tribunales de crimen organizado. El gobierno alega que todos pertenecen a las estructuras de pandillas 18 y de la maraMS13. El mayor riesgo de esta disposición es que personas inocentes o que no tienen ningún vínculo con pandillas serán incluidos en juicios masivos y condenados sin evidencia”, reafirmaron.
“Eliminarán el plazo máximo de un proceso que era de 24 meses. A la Policía Nacional Civil se le ha otorgado mayor poder de dirección de investigación cuando debe ser colaborador de la Fiscalía (art.193,#3). Como resultado de estas reformas, se violará el debido proceso y la presunción de inocencia, pilares de la democracia y el derecho a la defensa”, acotó la AAJ.
La denuncia de la comunidad Santa Marta y de ADES, sobre la captura de sus líderes, ha sido la “falta de imparcialidad e independencia judicial” del sistema de justicia del país, que “linda con la ilegalidad”, a fin de mantenerlos detenidos con pruebas infundadas. Los directivos de la AAJ señalaron a los Juzgados de Instrucción de Sensuntepeque de negarse en dos ocasiones a revisar la detención y considerar medidas sustitutivas. Así como, el Juzgado de Paz de Victoria, que decretó su detención sin argumentos admisibles.
La Asociación Americana de Juristas (AAJ), también condenó los “asesinatos cometidos bajo régimen de excepción en la cárcel contra más de 200 personas”, situación que amerita una “investigación independiente”, y que se aplique justicia adjudicando responsabilidades a los implicados de golpear y torturar a los detenidos, y la negligencia en el tratamiento de enfermedades crónicas de los reclusos.
“La AAJ expresa su preocupación de cómo se atiende el tema de la seguridad pública, pues se enfrenta como un problema de seguridad nacional, utilizando prioritariamente a la Fuerza Armada para el control territorial y penitenciario”, agrega el organismo internacional.
“La Constitución salvadoreña limita sus roles y establece que la seguridad ciudadana es un trabajo que corresponde a la Policía Nacional Civil (PNC). Un ejemplo es el cerco y operativo militar iniciado el 1 de agosto con 7 mil soldados y mil policías, contra los habitantes del departamento de Cabañas”, indica.
La preocupación relevante, explicó la AAJ, es que esa zona escogida para el cerco militar en la zona Paracentral de El Salvador, se establecen los asentamientos humanos que son familias de repobladores, luego de la firma de los Acuerdos de Paz (1992) que puso fina un conflicto interno de 12 años, como Cinquera, Copapayo, Pepeshtenango, Agua Caliente, entre otras , e incluso hubo poblaciones que llegaron antes de finalizar la guerra civil.
“La militarización de las zonas y comunidades organizadas tiene como objetivo aterrorizar a una población con tradición de lucha, y silenciarla en sus expresiones contra las minerías y la injusticia social. Según informes están obligando a los pobladores a entregar sus casas comunales, casas de la cultura y otros espacios colectivos para el uso militar”, denunciaron.
“Exigimos la libertad inmediata de los líderes comunitarios y ambientalistas de Santa Marta y la desestimación de los presuntos delitos. En realidad, son encarcelados desde el 19 de diciembre de 2022, por las luchas que han librado en defensa del medio ambiente y contra la minería”, argumentaron los representantes de la AAJ.
“El objetivo es neutralizarles para dejar el camino abierto a la reactivación de la minería metálica, y derogar la prohibición de la minería de metales de 2017, lo que fue una conquista del pueblo salvadoreño”, reseñaron.
Y consideran que estas capturas arbitrarias junto con el lanzamiento del “cerco militar” en la zona busca aumentar los arrestos de jóvenes líderes comunitarios, por lo que la AAJ solicitó también el cese de estos operativos, que violentan el libre ejercicio de los derechos humanos.
“Evoca el esfuerzo de lucha y vida del pueblo salvadoreño por lograr los Acuerdos de Paz de 1992, y llama a la comunidad internacional a apoyar toda gestión dirigida a encarminar al país a la construcción de la democracia y la paz”, reafirmó la AAJ.
El pasado lunes, también se agotó el plazo otorgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de El Salvador, para enviar información y responder a la denuncia de la “instrumentalización de la justicia” en el caso de los defensores del medio ambiente y líderes comunitarios de ADES-Santa Marta.
