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Oscar López
@Oscar_DCL
La abogada Ruth López consideró que en la implementación del Estado de Emergencia, y la aplicación de la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19, el órgano Ejecutivo se extralimitó en las facultades que la Asamblea Legislativa le otorgó al aprobar los decretos 639 y el presentado por el ministro de Salud (Decreto Ejecutivo N.º 24).
“El Ejecutivo siempre ha ido más allá de las facultades que le ha otorgado la Asamblea Legislativa, hay abuso de poder; he señalado en otras circunstancias que uno de los papeles más lamentables del Gobierno es el sustento jurídico de sus decisiones, creo que ha sido no solo atentatorio, no solo contra la seguridad jurídica, sino también ha permitido que se vulneren los derechos de los ciudadanos”, afirmó la jurista.
La abogada presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19. El órgano Judicial admitió nueve demandas presentadas contra la Ley y los decretos ejecutivos 22 y 24.
“Las vulneraciones de derechos que hace el decreto 22 y que replica el 24 del Ejecutivo uno es la violación a la libertad de circulación; con esto quiero ser clara, no es que no pueda existir una cuarentena, que no se puedan limitar derechos o que no estemos en una situación extraordinaria que requiere de medidas extraordinarias, pero eso también requiere un marco jurídico adecuado, para que no se produzcan vulneraciones de derechos”, argumentó López.
De igual forma, la abogada agregó que la aplicación del Decreto Ejecutivo N.º 24 tiene como finalidad desarrollar lo estipulado en el decreto 639; sin embargo, en la ejecución de este decreto, claramente se observa que va más allá de las facultades que la Ley de Regulación le otorga.
Asimismo, la abogada agregó que, en cuanto a la limitación a la libertad de circulación, la Constitución establece que solo puede hacerse bajo un régimen de excepción, “este régimen es el que, insisto, se trató de disfrazar con una ley, que es el decreto 639”.
López también comentó que hay una restricción para el transporte público de pasajeros, lo cual limita la circulación de las personas. “No es que no se puedan tomar medidas de ese tipo, pero el problema es que cuando se aplica se abre a la discrecionalidad y viene la Policía y detiene a personas en situaciones irregulares y violatorias a los derechos humanos”, enfatizó.
En cuanto a la aprobación de los decretos en la Asamblea Legislativa, la jurista comentó que hubo anomalías en el proceso. “Lo que ocurre es que fue tramitado como un decreto normal, ordinario, se utilizó la figura de los (diputados) suplentes para alcanzar una mayoría. Si hubiese sido un decreto ordinario, con 43 votos hubiese sido suficiente; sin embargo, es un decreto que conlleva suspensiones de derechos y, por tanto, requerían los 56 votos”, explicó.
De igual forma, López agregó que este tipo de votación debe ser “nominal y pública”; es decir, que cada uno de los diputados dice sí o no al decreto presentado; sin embargo, para la aprobación del decreto de la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19 no se realizó de la manera antes descrita.
“Podrá ser una formalidad, se dirá qué tiene que ver una cosa con la otra si al final votaron, lo que pasa es que por la naturaleza de los decretos, de las suspensiones de derechos que ocurren en este caso, pues es la tramitación que da el Artículo 29 (de la Constitución), es una exposición clara de la voluntad del legislador”, indicó.
Por lo que la abogada consideró que, en cuanto a la aprobación del Decreto 639, hubo “fraude a la Constitución” porque se trató de burlar las disposiciones constitucionales para encubrir un régimen de excepción.
Las declaraciones de López fueron retomadas del espacio de entrevista de Radio YSUCA.
