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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“He presentado un escrito en el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de Santa Ana, y este escrito lo he presentado en virtud de conocer la posibilidad de realizar una visita profesional a la que tengo acceso por ministerio de ley, pero que no se cumple”, manifestó Dennis Muñoz, abogado defensor de los cinco ambientalistas de Cabañas, capturados el 11 de enero del presente año.
El pasado 11 de junio, los defensores ambientales y líderes comunitarios: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro García, Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas, cumplieron cinco meses de detención y encarcelamiento por orden de la Fiscalía General de la República (FGR), argumentando la detención provisional por una investigación de un supuesto caso ocurrido durante el conflicto armado en los años ochenta.
“Dado que el artículo 10 del Código Procesal Penal habla que la defensa de una persona detenida que es inviolable, así como los derechos de las personas procesadas, y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con el tema de las garantías judiciales, y que desde ese incumplimiento se está violentando el debido proceso y por tanto debería declararse nulo” el caso, observó Muñoz.
Esta es la cuarta ocasión en que el abogado defensor Dennis Muñoz ha solicitado “un permiso para entrevistar a sus defendidos”, a fin de preparar la defensa técnica de cara a la audiencia preliminar a realizar en próximas fechas, pero han sido adversas para el defensor por autoridades judiciales y de centros penales, explicó.
La semana anterior el abogado Muñoz, presentó un escrito similar ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sonsonate, que le negó el permiso para que el como su representante legal, visitara a uno de los detenidos que se encuentra en el Penal de Izalco.
“De tal manera, una de las pretensiones del escrito es que pueda visitar a las personas detenidas injustamente y, además, conocer el estado de salud en el que se encuentran. Quiero ofertar médicos particulares o privados para que puedan dar la atención médica necesaria para ellos”, expresó el abogado.
“Recordemos que son personas de la Tercera Edad y que tienen también enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión arterial, entre otras condiciones de salud -de tal manera- si no permitieran garantizar el derecho a la salud (autoridades penitenciarias), un derecho fundamental, bueno en efecto que se giren los oficios correspondientes por parte del Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria (Santa Ana) al que se acaba de presentar los escritos para que pueda evaluarlos Medicina Legal y rinda un informe del cual se me notifique”, indicó Muñoz.
En este contexto, en el cual ni el abogado defensor ni los familiares de los cinco ambientalistas (ADES y Santa Marta) conocen de la situación física y psicológica de ellos. Por lo que denuncian la negativa de las autoridades penitenciarias que no han permitido el contacto con su defensor desde el pasado 7 de marzo y con sus familiares desde el 19 de enero del año en curso.
“Mi intención ha sido buscar la visita profesional a favor de las personas detenidas, defensoras de derechos humanos, y esto es básicamente se supone la lógica de la norma porque tiene un derecho fundamental y humano a la justicia y también a un defensor particular”, manifestó.
“Se está torciendo el debido proceso, la presunción de inocencia y el juicio previo ante una autoridad independiente, por ello buscamos con estos escritos garantizar el derecho humano a la salud de los ambientalistas y en consecuencia respeten sus derechos fundamentales”, sostuvo Muñoz.
El abogado expicó que sólo el escrito presentando por uno de los detenidos, ante el Juzgado Primero de Vigilancia de Santa Tecla, La Libertad, tuvo una respuesta correspondiente en ley.
“Vale mencionar que si bien se han presentado varios escritos, esto no significa que se hayan resuelto. Sólo el Juzgado de Vigilancia de Santa Tecla, tuvo una repercusión favorable porque -autorizó mi visita- sin embargo, las autoridades de Centros Penales no han brindado tal permiso desoyendo o incumpliendo la orden emanada del referido juzgado”, puntualizó.
