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Rebeca Pineda
@DiarioCoLatino
Los abogados defensores de la ex primera dama de la República Vanda Pignato presentaron recursos de revocación para dos resoluciones judiciales, por ser consideradas ilegales en el proceso judicial conocido como “Saqueo Público”, que se ventila en el juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador.
Pignato actualmente se encuentra en arresto domiciliar, mientras enfrenta dos casos judiciales uno por simulación de delitos en una compra de vehículos y otro por el caso de “saqueo público”, en el que supuestamente ayudó a lavar 160 mil dólares al ex presidente Mauricio Funes.
Los abogados Pedro Cruz y Marvin Flores dejaron claro que no estan de acuerdo con la resolución del juez de ampliar por siete meses el plazo de la FGR, tiempo en el que se debe presentar la pericia contable que tiene como objetivo probar el supuesto desvío de $351 millones de los fondos de la administración del expresidente Mauricio Funes.
Esta decisión permite conceder una segunda prórroga para presentar las pruebas periciales hasta el 3 de febrero del 2020, la cual es valorada como ilegal por parte de los defensores, ya que la ley solo permite una prórroga, por tanto estaría prolongando el arresto domiciliario de Pignato.
“Nos oponemos a esta ampliación de facto porque la ley no lo permite, la instrucción culmina el próximo 7 de agosto de este año, ¿cuánto tiene plazo máximo la fiscalía para acusar? el próximo 14 de agosto, en ese sentido la prórroga no tiene ninguna fundamentación”, dijo el abogado de Pignato Marvin Flores.
Y señala que la fiscalía aduce ante esta circunstancia de que es necesario presentar la prueba pericial, que es esencial en este caso, sin embargo, ellos han tenido desde finales del año 2015 para poder recolectar todos los elementos que se iban a utilizar en ese peritaje.
La justificación de la segunda prórroga, según la Unidad de prensa del Centro Judicial es que esta obedece a una petición de los peritos al juez Miguel García, ya que deben presentar su informe.
Asimismo, se señaló como anomalía la decisión judicial de anticipar las declaraciones de tres testigos criteriados en una etapa que no corresponde.
Esta resolución carece de fundamentación porque son casos excepcionales donde eso puede ocurrir que no es este el caso.
