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Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
Abogados de la República coincidieron en que el proceso de consulta para promover una reforma constitucional o una nueva Constitución, iniciada por el Gobierno, carece de legalidad y se plantea en un momento inadecuado.
Durante el programa Debate con Nacho, los abogados señalaron que una reforma desde el Ejecutivo carece de legitimidad y no cumple con los canales adecuados, ya que una modificación debe surgir desde la población no desde uno de los poderes del Estado, que es parte interesada en el proceso.
“A mi modo de ver, el proceso nace deslegitimado en la medida que se está promoviendo desde quien ha tenido sistemáticamente violaciones a la Constitución y desde quienes han, por ejemplo, mermado la autoridad de decisiones judiciales, manifestó
Óscar Pineda, abogado constitucionalista del equipo jurídico de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
Añadió Pineda que, las constituciones generan la “noción de estabilidad” y son el “pacto fundamental” en que se basan las reglas del juego democrático en cada sociedad, por lo que no se debe jugar con este marco.
Según el jurista, en este momento el menos indicado para promover la reforma constitucional es quien no la ha respetado.
“Les reformas deben darse a partir de procesos bien concienzudos, bien pensados y estructurados, y sobre todo transparentes, en los que la idea debe estar claramente establecida: qué vamos a reformar y porqué”, añadió.
Afirmó que antes de cambiar una constitución, hay que ver si lo que se pretende cambiar no se puede concretar en una ley normal. Pineda también dijo que este es el momento menos indicado para proponer reformas a la Carta Magna, tomando en cuenta que el país viene de sufrir un grave ataque a la institucionalidad del país, con la toma del Salón Azul de la Asamblea Legislativa, el pasado 9 de febrero y ha experimentado en los últimos meses, diferentes violaciones a la Constitución, de parte del Ejecutivo en el marco de la pandemia.
José Marinero -abogado experto en derecho administrativo- manifestó que hay tres causales generales para promover cambios constitucionales, dos de estos están relacionados con el cambio de los escenarios sociales o debido a nuevas demandas ciudadanas y el tercero de estos responde a pretensiones antidemocráticas, detrás de las cuales usualmente están los poderes ejecutivos.
“Lo que pretenden en realidad es liberarse de los controles del poder, entonces, quienes promueven estas reformas, lo que pretenden realmente es un retroceso en las garantías y protecciones democráticas, ya sea afectando derechos o quitándole los límites al ejercicio del poder”, afirmó.
En los dos primeros casos, la reforma puede hacerse cuando las sociedades piden un nuevo derecho constitucional; mientras que el tercer caso nunca debería concretarse, añadió Marinero.
Al respecto, Eduardo Escobar -director ejecutivo de Acción Ciudadana- manifestó que habría que ver cuál es la base que sustenta ese cambio a la Constitución.
“Hay que ver si estamos ante un pacto político, como ocurrió en Chile, pero no estamos en el caso salvadoreño ante una explosión social, una revolución o ante un golpe de Estado, que es otra de las fuentes de un cambio constitucional”, dijo Escobar.
Y aunque hay aspectos que necesitan reformas a la Constitución, dijo Escobar, no necesariamente se necesita una nueva constitución o una Asamblea Constituyente, sino que se pueden hacer por vía legislativa.
