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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
Abogados y exfuncionarios de justicia cuestionaron anoche el rol que ha jugado el fiscal general de la República, health Luis Martínez, en varios procesos contra acusados de cometer ilícitos contra el Estado, entre los que figuran el proceso CEL/Enel y el de Francisco Flores.
La ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Mirna Perla, manifestó que el fiscal Martínez incluso podría estar cayendo en el delito de “patrocinio infiel”, por no haber representado los intereses del Estado en el caso CEL/Enel, donde más parecía alineado con los defensores de los imputados.
Según el ex-decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, Héctor Hernández Turcios, en el caso CEL/Enel no hubo defensa de los intereses del Estado, que representa a todos los salvadoreños.
“No podemos hablar de que hubo partes (en el proceso) porque ahí todos eran defensores: eran defensor los defensores naturales, los imputados, el fiscal y los agentes (de la Fiscalía) también eran defensores y los jueces. Ahí todo el mundo actuó para sacar la conclusión que querían sacar”, señaló anoche el catedrático de derecho, durante el programa Ocho en punto de Canal 33.
Hernández Turcios también denunció las presiones que según él, habrían hecho funcionarios de la embajada de Estados Unidos, que estuvieron presentes durante el juicio contra los imputados de CEL/Enel. “La parte más fuerte que estuvo, el día del juicio, eran los que estaban de la embajada norteamericana, allá adentro. Claro, aquí voy a hacer un paréntesis, qué va a hacer un juez… que según la constitución son independientes, pero no son libres y el miedo es una cosa natural y qué temerosos han de haber estado al ver a los de la embajada ahí”, agregó.
El director de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) Ramón Villalta denunció que se está observando un patrón común en la Fiscalía, el cual consiste en que abre juicios que involucra a personas con gran influencia, pero luego promueven el sobreseimiento y que en el caso CEL/Enel, intentaron que el proceso terminara en la fase inicial (juzgado de paz) y luego en la etapa de instrucción.
“Lo que hemos visto es a una fiscalía que en los casos de esta naturaleza, está teniendo una actuación en la que abre, judicializa casos para llevarlos a un punto en que queden sobreseídos”, denunció Villalta. El director de la ISD dijo que Martínez incluso se organizó con la defensa para hacer la presentación ante el juez, durante la audiencia especial celebrada la semana pasada.
“Lo que causó conmoción en los presentes en el tribunal, es que todo el grupo (defensores incluidos) salió liderado por el fiscal general de la República para ponerse de acuerdo en el orden en que iban a abordar los temas”, relató el dirigente.
“Luego vemos a un fiscal que cuando la defensa presentó la petición de modificación del delito, el fiscal general lo que expresó fue que la fiscalía estaba en consonancia con esa petición de la defensa, entonces lo que estamos viendo aquí prácticamente es que habían dos defensores, uno privado y uno del Estado, pero no había ningún defensor de los intereses del Estado salvadoreño”, cuestionó Villalta.
Por su parte, el abogado Omar Pastor, dijo que hubo intención de causarle un perjuicio al país. “Vienen y dicen los jueces -y esto sí me aflije a mí- que no hubo violación de ningún tipo, que aquí no ha habido delito, y extrañamente no es primer delito donde la fiscalía pide sobreseimiento”, afirmó.
Villalta dijo que van a solicitar a la Corte Suprema de Justicia que lleve a cabo una auditoría del proceso CEL/Enel para que se determine si la fiscalía actuó apegada a su rol constitucional o no lo hizo.
La ex magistrada Perla, por su parte, manifestó que la Asamblea Legislativa “quedaría muy mal” si se acuerda reelegir a Martínez como fiscal general para un nuevo período y llamó al Presidente de la República a no aceptar el sobreseimiento a escuchar otras opiniones.
Algunos de los abogados como Omar Pastor plantearon durante la entrevista que lo más probable es que hubo negociaciones entre la presidencia y los imputados, para lograr los préstamos que el partido ARENA le ha estado negando al presidente Sánchez Céren.
