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@JoakinSalazar
Los gastos reservados han existido desde administraciones anteriores a la del ex presidente Elías Antonio Saca y continúa existiendo hasta la fecha, así lo establecen los abogados de la defensa técnica, por lo que piden que se investigue desde la administración de 1989.
A través de un comunicado, la defensa técnica del ex mandatario solicitó a la Fiscalía General de la República realice la misma investigación y peritaje, que se realiza al ex mandatario Saca, a las administraciones previas a él, como también a las que le preceden.
Para la defensa, solo así quedará demostrado que esta ha sido una práctica establecida en el Órgano Ejecutivo y no una práctica iniciada bajo la administración de Saca.
La solicitud, afirman los abogados, responde a que el mecanismo de ejecución de gastos reservados, mediante fondos operativos es similar al utilizado por las distintas administraciones de ARENA, es decir, la del ex presidente Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol y Francisco Flores.
Dichos fondos, de la cuenta de gastos reservados, fue la misma en la administración del ex presidente Saca, como anteriores administraciones, aseguran los abogados.
Y es que de acuerdo a algunos sectores los cuatro gobiernos de ARENA habrían malversado más de cuatro mil millones de dólares durante los 20 años, no obstante, hasta hoy solo se procesa al ex presidente Saca, por hechos, según su defensa, legales.
“Los gastos reservados son para los presidentes de la República y de muchos países del mundo, una herramienta legal válida para reforzar planes de Gobierno, implementar programas, resolver imprevistos y apoyar las actividades de inteligencia del Estado y Seguridad nacional”, establece el escrito.
Pese a ello, los abogados reiteraron que los fondos de la partida secreta han sido auditados año con año por parte de la Corte de Cuentas de la República, donde no se reportan irregularidades, y por ser emitidas por la entidad son pruebas que tienen validez.
De igual manera, denuncian que al estar detenido, el ex presidente Saca, que es acusado de presuntamente malversar más de $246 millones de dólares, se le ha impedido su derecho a defenderse y exponer los hechos tal y como son, poniéndolo en total desventaja para enfrentar un linchamiento mediático y jurídico en el que hasta ahora solo se han escuchado hipótesis de parte de la Fiscalía.
Finalmente, los abogados instan al Estado para que analicen la normativa para el manejo de los gastos reservados de la Presidencia, con la finalidad de revisar y modernizar los marcos legales de estos hechos.
