Abogados públicos no autorizan constancia para solicitar antecedentes penales

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) denunciaron que abogados públicos no brindan a los familiares capturados bajo el Régimen de Excepción, la constancia para solicitar antecedentes penales.

“Venimos a la Procuraduría General de la Republica (PGR) a exigir y denunciar la negligencia de los abogados públicos, tenemos muchas denuncias de las víctimas que no les quieren autorizar la solicitud de los antecedentes penales, les han dicho que no es la familia, sino solo el abogado defensor público que lleva el caso quien tiene la potestad de solicitarlos”, manifestó Samuel Ramírez, dirigente del MOVIR.

Ramírez dijo que a los familiares les ponen excusas para no entregar los documentos, pues solicitar antecedentes penales es un derecho de todo ciudadano y una obligación de la institución responsable darlo sin mayor burocracia.

Hay otros abogados quienes manifiestan que ya fueron despedidos y en noviembre dejarán la institución y sin otorgan la autorización para los antecedentes penales no le darán lo correspondiente como empleado de la PGR y sufrirá represalias.

“He ido tres veces a la Procuraduría para que el abogado me autorice la solicitud, para sacar antecedentes de mi hijo y me la ha negado, porque tenía miedo de que le quitaran el pago de la pensión; me dijo que MOVIR me firmara esa solicitud, pido que tenga compasión soy de la frontera y discapacitada, no puedo andar dando tantas vueltas”, manifestó la madre de una persona detenida arbitrariamente.

El abogado de MOVIR, Rudy Joya, explicó que presentaron un escrito al titular de la PGR, René Escobar, denunciando la negligencia de los abogados, porque el comisionado presidencial para los Derechos Humanos les ha pedido a los familiares demostrar con los antecedentes penales la inocencia de los capturados.

El abogado manifestó que no pueden presentar el documento porque el defensor público les niega a los familiares, toda petición de respuesta y entrega de solicitudes, es un derecho constitucional de cualquier persona venir e interpelar al abogado y haga bien su trabajo.

“En julio del presente año se presentaron diferentes casos de corrupción de abogados de la PGR, que afectan a las víctimas del Régimen, hasta la fecha no hay ninguna respuesta, y tampoco están dándole seguimiento, ya se les presentó nombres y apellidos”, enfatizó Joya.