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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
Los abogados querellantes del caso del ex presidente Francisco Flores anunciaron ayer que buscarán respaldo de la relatora especial sobre la independencia de Magistrados y Abogados, try de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Gabriela Knaul, para evitar que el actual juez séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García, que lleva el proceso judicial, reciba presiones por parte de la Fiscalía General de la República.
“Creemos que el juez está buscando la verdad, (por) el tipo de comportamiento que ha mostrado. Él quiere averiguar qué fue lo que sucedió”, manifestó el abogado Eduardo Escobar, de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), quien aclaró que ellos no están queriendo una venganza, sino evitar que se violen las leyes del país.
El ex presidente de la República, Francisco Flores, declaró ante una comisión especial de legisladores de la Asamblea Legislativa haber recibido 10 millones de dólares a su nombre, por parte del gobierno de Taiwán; no obstante estos nunca entraron a las arcas del Estado.
Actualmente el ex mandatario guarda prisión domiciliar, acusado de tres delitos: Peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia.
“Nos hemos dado cuenta que la fiscalía en algunos casos ataca con espada y escudo directamente para poder llevar a demostrar la culpabilidad de una persona y en otros casos ataca con una pluma”, argumentó Oscar Campos abogado querellante.
Algunos sectores y la fiscalía intentan victimizar a los que están siendo juzgados tanto en el proceso que se le sigue al ex mandatario, como en el caso CEL- ENEL, y con el objetivo que el juez actúe en completa libertad, los querellantes han decidido acudir a una instancia internacional.
“En este caso, la relatora para la independencia de jueces y abogados porque creemos que se están dando un atentado contra la independencia judicial, en este caso del juez séptimo de instrucción”, informó Escobar.
Según los abogados, una vez presentada la denuncia ante la ONU, la relatora Gabriela Knaul comenzará a recopilar las pruebas que considere, pertinentes, pedirá al gobierno antecedentes y luego elaborará un informe para el comisionado de la ONU y decidirá si realiza una visita in situ.
El proceso pasará por cancillería. Según el periodista Narciso Castillo, quien entrevistó a los abogados en su espacio “Debate”, el proceso pudiera ser politizado.
Los abogados explicaron que ella no puede emitir una resolución solo con una parte de los elementos y puede dar una recomendación para el Estado salvadoreño.
Los abogados detallaron que Flores pudiera recibir solamente entre unos siete u ocho años de prisión, de llegar a ser condenado; pero si el delito de peculado se le comprueba, puede luego llevarse el proceso por lavado de dinero.
El delito por lavado es una pena más larga y desde que el dinero no vino directamente para el país, sino que lo abonaron en varios bancos, ocultando los fondos hay indicios de este ilícito, de acuerdo con los querellantes. “En este caso, el dinero le llega a sus manos y al no entregarlo al Gobierno, y depositarlo en una cuenta en el extranjero, comete peculado”, explicó Escobar.
Los querellantes explicaron que el juez ya ha hecho la advertencia y hay que recordar que la figura del delito cometido es provisional y puede ir cambiado según avance la investigación. Consideran que el fiscal Luis Martínez está cometiendo omisión porque simplemente dijo que no iba a procesar por lavado de dinero y no explicó las razones.
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