Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia (UNAJUD) y otras gremiales de juristas dieron su postura respecto a los dos años y medio que el presidente de la República, Nayib Bukele, lleva al frente del país, los cuales se han caracterizado por una «sistemática violación de derechos fundamentales en contra de la población salvadoreña, así como la transgresión de la Constitución de la República y el Estado de Derecho».
Walter Durán, abogado de UNAJUD, comentó que diferentes asociaciones de abogados han hecho un balance de los dos años y medio de gestión de Nayib Bukele, donde se realzan las presuntas violaciones al sistema democrático.
Indicó que todo se disparó el 9 de febrero de 2020, «con el golpe de Estado que intentó dar el presidente a la Asamblea Legislativa», y es que habrá que recordar que el mandatario llegó fuertemente armado con efectivos policiales y militares a tomarse las instalaciones de la Asamblea para que los parlamentarios en ese entonces de oposición, aprobaran un préstamo millonario para financiar el Plan Control Territorial.
Mientras que la acción más reciente, comentó Durán, fue la efectuada el primero de mayo, cuando la Asamblea Legislativa quitó a magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general para imponer a personajes afines.
Los abogados manifestaron que han enumerado no solo esas acciones que van en contra de la democracia y la independencia de poderes, sino también otros actos que durante estos dos años y medio se han constituido en diferentes instancias del Estado que «prácticamente se han puesto al servicio de Bukele».
«Hemos visto como el Órgano Judicial después de ser un órgano administrador de justicia independiente fue impuesto por la Asamblea Legislativa. La nueva Corte Suprema de Justicia impuesta por la Asamblea también ha impuesto a más de 100 jueces y magistrados de manera inconstitucional, ya que incluso no se ha cumplido con el debido proceso que establece la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura en el nombramiento de la gran mayoría de ellos», destacó Walter Durán, vocero de UNAJUD.
También, denunciaron la vulneración de los derechos fundamentales por medio de una presunta campaña de persecución y represión que ha emprendido el actual gobierno en contra de aquellas personas, instituciones, organizaciones, y sectores sociales que se consideran opositores al gobierno. Los abogados pidieron que esta acción se detenga.
«Hay casos muy simbólicos que ponen en evidencia como la justicia en El Salvador se ha instrumentalizado, vemos como jueces y magistrados impuestos por este régimen han emitido resoluciones atentatorias al Estado de derecho», dijo Durán refiriéndose a los casos de los exfuncionarios del gobierno de Salvador Sánchez Ceren que fueron detenidos «de forma arbitraria» meses atrás.
Así también, Durán se refirió sobre las organizaciones no gubernamentales que la Fiscalía General de la República allanó días atrás, consideraron que el Ministerio Público «está al servicio del presidente Bukele». Además, el asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, ha manifestado que podrían haber incluso capturas, cuando ese trabajo le compete a la FGR. «Lo que estamos viendo en el país, es el imperio del atropello y del abuso», destacó.
Concluyó que se unirán a la marcha del próximo domingo e instaron a las gremiales de los profesionales del derecho así como a los estudiantes que se sumen a las demandas populares que muestran su inconformidad con las acciones del Estado.