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@SilviaCoLatino
Los abogados David Morales, ex procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, junto a Wilfredo Medrano de la Asociación Tutela Legal “María Julia Hernández” en representación de las víctimas de la Masacre El Mozote y lugares aledaños, interpusieron un escrito ante el juez que lleva el proceso penal histórico, por la tardanza de aplicación de justicia.
El pasado julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que fue aprobada por el cuerpo legislativo en 1993.
Con este fallo, familiares de las víctimas o sobrevivientes del conflicto armado de la década de los años ochenta, podrán exigir al Estado la investigación de los crímenes, desapariciones forzadas, torturas y otros atropellos contra los derechos humanos de la población.
Medrano afirmó que el juez de la causa “ya recibió los informes pertinentes, y nos preocupa que la Fiscalía General de la República continua manteniendo un papel muy pasivo en este proceso, y no ha presentado ninguna petición y no se ha mostrado parte, incumpliendo sus atribuciones constitucionales como es la persecución del delito”, explicó.
Ante esta situación y como acusadores particulares y apoderados generales judiciales de las víctimas y de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, desde el pasado 18 de enero del presente año, exigen la agilización de la justicia.
La treintena de sobrevivientes o familiares de las víctimas forman parte de la Masacre de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981, por efectivos militares del Batallón Atlacatl y otras unidades de la Fuerza Armada, en el municipio de Meanguera, Morazán.
Medrano agregó que el juez, luego de aperturar el proceso penal de la Masacre El Mozote y lugares aledaños, tenía el propósito de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la muerte de los pobladores, pero no hay avances significativos. Los juristas señalaron que en la resolución del 30 de septiembre de 2016, el cuerpo del delitos de los hechos de la acusación están suficientemente probados con todos los elementos e indicios.
Asimismo, dichas pruebas han sido robustecidas con los resultados científicos de las exhumaciones del año 2015 y 2016, donde se han recuperado osamentas que fueron sometidas a pruebas de ADN (géneticos) resultando identificaciones positivas por vía antropológica.
En cuanto, a la resolución del 30 de septiembre de 2016, los querellantes, que recalcó que “no existe un señalamiento específico por parte de los ofendidos y testigos que han declarado en el proceso judicial. Los abogados ofrecieron pruebas testimoniales de sus “poderdantes” para que se sean incorporados en el proceso. Asimismo, reiteraron que existen los motivos suficientes para sostener la acusación, y que los procesados han participado en los hechos de lesa humanidad. Y que en base a ese cúmulo de pruebas e indicios ordene el juez, que comparezcan al tribunal y se proceda a tomarles indagatorias respectivas.
No sin antes, recalcar que ya recibieron el informe oficial de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Presidencia de la República, donde se hacen constar los nombres de miembros del Alto Mando de la Fuerza Armada en el momento de ejecutarse la Masacre de El Mozote y lugares aledaños.
