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“No puedo dar por acreditados hechos, distintos a los acusados”, dijo el Juez del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, quién absolvió al sacerdote guatemalteco José Venancio Borro Uz, quien era acusado por agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada en perjuicio de una niña de 6 años de edad.
La decisión de absolverlo fue justificada por el Juzgador debido a que la acusación presentada por la Fiscalía, era diferente a la declaración anticipada que rindió la menor. Dado que en la acusación Fiscal se “constaban hechos graves, de tocamientos en partes íntimas”, sin embargo, en Cámara Gesell, la niña no habló de tocamientos en partes íntimas, como se argumentó al inicio”, señaló.
Además, se manejaba que el sacerdote mostraba material pornográfico a la supuesta víctima, pero en la incautación de tres celulares, no se encontró nada al respecto, ya que el sacerdote fue capturado en marzo 2019, incautándole también una computadora, en la que se encontró material pornográfico con fecha posterior a la captura de éste, es decir, ya no se encontraba en su poder, sin saber quién la manipuló, señaló.
Condenan a exalcalde
En otro hecho, el Tribunal de Sentencia de Chalatenango impuso 45 años de cárcel al exalcalde de San Antonio de la Cruz, Lucio Edwin Ayala Flores, por los delitos de tráfico de personas y tráfico de drogas. Otros cinco acusados fueron condenados a penas menores que el exalcalde, ya que formaban una red de narcotráfico que operaba en la zona.
Flores fue alcalde desde 2012 y fue detenido cuando apenas acababa de ser reelecto se le sentenció a siete años por tráfico de personas y 38 por los delitos relacionados al narcotráfico. La Fiscalía demostró que Flores se aprovechó de su cargo de alcalde para traficar dirigir una estructura dedicada a la distribución de drogas, por lo que en marzo de 2018 fue arrestado, tras varias comprar controladas y escuchas telefónicas.
Asimismo, se corroboró que en 2013 cobró a una víctima para llevarla ilegalmente a Estados Unidos, sin embargo, no lo hizo, por lo que fue denunciado. Actualmente, hay un proceso de extinción de dominio en contra del exfuncionario por bienes valorados $616,577.51, todos adquiridos en 2013.
