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Buenos Aires / AFP
La dirigente social y activista opositora argentina Milagro Sala fue absuelta el jueves de haber ordenado un homicidio en 2007, en un juicio en la provincia de Jujuy (norte), pero sigue con prisión preventiva domiciliaria en otra causa por presunto desvío de fondos públicos.
En el juicio oral que comenzó el 7 de noviembre por el caso conocido como «Balacera de Azopardo», Sala fue absuelta por unanimidad, según el fallo leído en la audiencia transmitida en directo por el canal La García.
La fiscalía había pedido 12 años de prisión al acusarla de coautora de homicidio agravado en grado de tentativa.
«Es una pequeña luz de esperanza de que se está haciendo justicia ante la persecución política que están sufriendo muchos compañeros nuestros. No lo esperaba, me sorprende muchísimo», declaró Milagro Sala antes de ser llevada a su prisión domiciliaria.
En el mismo caso, Fabián Avila fue condenado a seis años y seis meses como autor material y responsable de homicidio simple en grado de tentativa. El tercer acusado, Alberto Cardozo, resultó absuelto.
El 27 de octubre de 2007, Avila interceptó a Cardozo frente a una carnicería en Jujuy, ambos intercambiaron disparos y una bala del primero hirió de gravedad a una niña de 11 años que estaba dentro del local. A Sala se la acusó de haber ordenado a Avila matar a Cardozo.
En una intervención este jueves antes de la sentencia, la dirigente de origen indígena y legisladora del Parlasur increpó al tribunal: «Me duele en el alma que hayan tenido que torturar a Cardozo, a Avila y a otro compañero más, para tenerme parada acá».
Al término de la audiencia, su abogada Elizabeth Gómez Alcorta calificó al caso de «vergonzosa causa armada» contra la líder de la organización Túpac Amaru, que construyó viviendas sociales con fondos públicos en los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).
Sala, que cumple prisión preventiva desde el 16 de enero de 2016 en Jujuy, enfrenta varias causas. Sus defensores la consideran una perseguida política. En diciembre de 2017 la Corte Suprema le concedió detención domiciliaria tras un reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH, Amnistía Internacional, un comité de expertos de Naciones Unidas y organismos de derechos humanos han reclamado la liberación de Sala al considerar arbitrario su arresto en Jujuy, donde está enfrentada con el gobernador local, Gerardo Morales, un aliado del presidente Mauricio Macri.
En otro juicio paralelo, la fiscalía solicitó 22 años de cárcel para Sala, imputada de desvío de fondos públicos por 60 millones de pesos (1,5 millón de dólares).
Sobre la dirigente pesa una condena a tres años de prisión en suspenso por instigar un ‘escrache’ (denuncia pública) contra el ahora gobernador Morales.
