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Por Leonel Herrera*
El proceso penal contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES es la historia de un abuso judicial continuo. La semana pasada dos tribunales se ensañaron nuevamente contra los defensores ambientales: el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque y el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de Santa Ana.
El primero rechazó por segunda vez la petición de realizar una audiencia para revisar la detención provisional y valorar la aplicación de medidas sustitutivas. La solicitud presentada por la defensa legal de los ambientalistas planteó como principal argumento su delicada situación de salud, mostrando como evidencia informes de peritajes realizados por Medicina Legal que ordenan a las autoridades penitenciarias dar tratamientos médicos a todos los detenidos.
Según publicó Diario Co Latino, el juzgado resolvió que la petición “era repetitiva”, que las evaluaciones de Medicina Legal no eran recientes y hasta amenazó con sancionar a los abogados defensores. En esa misma resolución, el referido tribunal también rechazó la petición de la defensa de incorporar como peritos independientes a personeros de la Fundación Guatemalteca de Antropología Forense en una diligencia de exhumación que se realizará esta semana.
Dicha decisión del Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque no solo incumple disposiciones de la legislación penal que permite solicitar audiencias de revisión de medidas en cualquier momento del proceso judicial, sino que también violenta jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tratados internacionales suscritos por el Estado salvadoreño según los cuales la detención es una excepción y no la regla.
Mientras que el segundo tribunal impidió que el abogado defensor pueda visitar a los activistas ambientales al negarle permiso de entrar al Centro de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad, conocido como “La Occidental”, ubicado en Santa Ana.
(https://www.diariocolatino.com/juzgado-niega-permiso-para-visitar-a-lideres-comunitarios/)
El abogado urge constatar el estado de salud de los líderes comunitarios, verificar sus condiciones carcelarias y entrevistarlos para preparar su defensa técnica de cara a la audiencia preliminar a realizarse en julio próximo. Por tanto, la negativa del Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de Santa Ana es ilegal y gravemente violatoria de derechos de los detenidos.
Lo mismo hicieron semanas atrás juzgados de vigilancia penitenciaria de San Salvador, Santa Tecla y Sonsonate. Este último impidió visitar a uno de los ambientalistas encarcelado en el tenebroso Penal de Izalco, donde -según CRISTOSAL- ha muerto más del 60% de los asesinados en la cárceles salvadoreñas durante el estado permanente de suspensión de garantías constitucionales, mal llamado “régimen de excepción”.
El sistema judicial lleva más de un mes sin atender el llamado de las Naciones Unidas que, por medio de la Relatoría Especial sobre Defensores de Derechos Humanos, pidió liberar a los líderes comunitarios encarcelados desde el pasado 11 de enero. También ignora el pedido de organizaciones como la Asociación Americana de Juristas (AAJ) que abogó por la libertad inmediata, el debido proceso y que el caso se procese fuera del régimen de excepción.
Así, pues, la criminalización de los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, en cuyo trasfondo está la intención de debilitar el movimiento ambiental y el interés gubernamental de reactivar la minería metálica en Cabañas, es un abuso judicial continuo. Lo confirman la deleznable actuación del Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque y el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de Santa Ana.
Solo la indignación y la movilización ciudadana podrá revertir este atropello.
*Periodista y activista social.
