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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Durante el informe sobre la situación de los derechos humanos en la cuarentena por el COVID-19, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), José María Tojeira señaló que durante la cuarenta implementada desde el 21 de marzo, los centros de contención fue uno de los lugares donde más se violaron los derechos humanos debido al número de personas.
Tojeira dijo que hubo gente con enfermedades cardíacas quienes fueron llevadas a un centro de contención porque regresaron al país y no recibieron la asistencia médica adecuada, además, en esos lugares se dio un hacinamiento, mala alimentación y violación a la libertad de expresión cuando reclamaron por abusos cometidos y se les reprimió con la policía.
“No se puede tratar de combatir una enfermedad violando los derechos humanos, hay maneras de hacer las cosas de un modo adecuado, hay gente que murió por ser retenida en un centro de contención sin ninguna razón. No se puede tener esa teoría que violando los derechos humanos respetamos los derechos de la mayoría. Un sistema mejor ordenado y adecuado a la situación de la gente hubiera salvado más vidas, y creado una cultura más amplia de responsabilidad”, afirmó el director del IDHUCA.
Asimismo, pidió se investigue y deduzca responsabilidades legales de quienes ordenaron, permitieron y ejecutaron acciones violatorias de derechos humanos de la población durante la pandemia, mediante actos arbitrarios, detenciones ilegales o haciendo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. La fiscalía debe un trabajo mejor, ha sido lenta, temerosa y a veces incapaz de enfrentar situaciones en que el ejecutivo ha tenido el protagonismo.
Hizo un llamado al cese de la confrontación y ataques verbales entre órganos del Estado, porque crean una cultura autoritaria y rompen la posibilidad de diálogo, pues la reconstrucción del país debe ser una tarea comunitaria, la polarización verbal dificulta la participación en tareas comunes y el ambiente de violencia verbal puede evolucionar fácilmente a la violencia física, lo cual es más preocupante en tiempo pre-electoral.
“Que no se instrumentalice la situación por la crisis del COVID-19 con fines políticos-electorales o de otra índole, hay una tendencia de aprovechar la crisis, agudizarla y utilizarla de forma electoral, debe haber una presión de la sociedad civil para evitar y ser conscientes que no se puede manipular en favor de tendencia electorales”, agregó.
Manuel Escalante, coordinador general del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), sostuvo que desde el 21 de marzo hasta el 24 de agosto entre los principales derechos vulnerados de forma masiva está la libertad de movimiento, principalmente la detención ilegal y arbitraria de 2,424 personas, así como 7,000 salvadoreños afectados con el cierre del aeropuerto internacional a quienes se les negó el retorno al país de forma prolongada.
Según el informe de OUDH, se reporta catorce casos de presunto abuso de fuerza policial, entre ellas agresiones físicas, disparo de armas de fuego, intimidación y tratos crueles inhumanos. También el mismo personal de las principales instituciones en implementar la estrategia sanitaria fue expuesto al contagio, debido a no dotarlos con la protección necesaria para atender a la población.
Otra de las violaciones fue el derecho a la libertad de prensa, con múltiples casos de ataques a periodistas y un aumento de vulneraciones, impidiendo coberturas, borrando material periodístico y amedrentando principalmente por instituciones públicas principalmente del órgano Ejecutivo.
