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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
La matanza que ejecutaran las pandillas hace 9 meses constituye un punto de inflexión, por el desenmascaramiento de la tesis del edén, pero que además supuso la oportunidad de implementar las presentes medidas para someter a la población mediante un régimen de terror so excusa de perseguir al crimen organizado. Constituye entonces la justificación perfecta para rearmar al ejército, debilitar y hasta anular las instituciones derivadas de los acuerdos de paz, y ejercer el control directo y completo de los diferentes territorios, intimidando y coaccionando a la población, como sometiéndola a los intereses político-electorales del ejecutivo.
Tampoco pasó por alto la posibilidad de profundizar las privatizaciones, favoreciendo a los de siempre, pero con redoblado éxito en razón de la inexistente oposición a ello.
Esto sólo ha agudizado las desigualdades sociales, que eventualmente derivará en más violencia social, promoviendo además un nuevo éxodo de la población, pues el régimen de excepción no es más que una reedición de la política del garrote y la zanahoria, asumiendo de nuevo el estado el papel de represor tal cual lo hiciera en décadas pasadas.
Esto porque las pandillas resultantes del conflicto como de los ajustes impulsados en los 90’s no solo se apropiaron de los territorios abandonados a su suerte por el estado, donde sólo ostentó seguridad el que pudo pagarla; pero, además, donde primero la derecha aprendió a utilizar a estas estructuras para inferir en los espacios en los que se articularon, convirtiéndose así en intermediarios entre las administraciones municipal y central y las comunidades.
Ello les ha otorgado poder real, derivado de sus relaciones cuasi carnales con la política partidaria desde sus orígenes, lo que les ha valido frente a un estado débil, que a su vez encontró en esta la fórmula para la convivencia con el hampa y el terrorismo doméstico.
No pasemos por alto que estas estructuras fueron ampliamente beneficiadas durante la pandemia con paquetes de víveres, como con recursos financieros de parte de la actual gestión, lo que fuera documentado ampliamente por varios periódicos al momento de concretarse los repartos, mientras algunas comunidades carecieron de los mismos beneficios.
Esto nos trae al presente, cuando la persecución ejercida por el estado ha acinado en el sistema carcelario, a alrededor de 63,000 personas, supuestamente vinculadas con las pandillas, pero reconociendo que alrededor del 1% son capturas equivocadas, promoviendo así una sensación de relativa seguridad, muy oportuna cuando ninguno de los emprendimientos del gobierno central ha tenido ningún éxito.
Pero los asesinatos continúan, así como las desapariciones, lo que no se puede ocultar ya, y reconocidos miembros de estos grupos criminales han sido beneficiados evadiéndolos de la justicia, y hasta llevándolos fuera del país para que no den cuenta de sus crímenes fuera de nuestras fronteras.
No, no han desaparecido y tampoco desaparecerán, pues las condiciones que les dan vida son ahora más extremas, lo que supone su fortalecimiento.
Es cuestión de tiempo.
La solución: acabar con la inequidad y la injusticia social conformando un estado incluyente.
Simplemente privilegiando primero a las personas.
