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Académicos y abogados del mundo piden libertad para ambientalistas de Santa Marta

Redacción Diario Co Latino

Destacadas personalidades de la academia y la abogacía de veintiséis países del mundo solicitan a la Fiscalía General de la República (FGR) retirar la acusación contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES.

En una carta pública dirigida al fiscal general Rodolfo Delgado, 185 académicos y abogados de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Brasil, Costa Rica, España, Italia, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Nueva Zelanda y otros países destacan el aporte de los defensores ambientales en la defensa del agua y los ecosistemas del país, principalmente con la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.

Los intelectuales y juristas señalan especialmente la falta de pruebas reales en la acusación contra los líderes comunales y la instrumentalización de la justicia para perseguir el activismo ambiental contra la explotación minera.

También señalan el irrespeto a la Ley de Reconciliación Nacional de 1992 que viabilizó la implementación de los Acuerdos de Paz otorgando garantías jurídicas para la incorporación de los ex combatientes guerrilleros a la vida civil.

Una delegación de firmantes salvadoreños presentó físicamente ayer la carta en una sede fiscal de San Salvador. Andrés McKinley, experto en agua de la UCA, llamó “héroes nacionales” a los ambientales y pidió al Estado salvadoreños “reconocer su labor en vez de criminalizarlos y perseguirlos judicialmente”.

Ingrid Escobar, del Socorro Jurídico Humanitario, también exigió la libertad de los líderes comunitarios y denunció que “a ellos les aplicaron disposiciones del régimen de excepción” durante los casi ocho meses que estuvieron encarcelados.

Mirna Perla, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, y Rafael Paz Narváez, de la Universidad de El Salvador, consideran que este caso es una persecución política motivada por los intereses extractivistas y por la estrategia de desmantelamiento del espíritu y legado de los Acuerdos de Paz impulsada por el actual gobierno.

Los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES permanecen en arresto domiciliar desde el pasado 5 de septiembre. El próximo 2 de febrero vence la prórroga de la fase de instrucción y el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque deberá convocar a la audiencia preliminar.

Los firmantes de la carta pidieron a la Fiscalía que retire la acusación y solicite el sobreseimiento definitivo por falta de pruebas.

En febrero del año pasado 250 organizaciones de 30 países también pidieron la libertad de los ambientalistas y en el mes de julio 17 congresistas estadounidenses pidieron al secretario de Estado Antony Blinken intervenir en el caso. En mayo y en septiembre Naciones Unidas, a través de la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, también pidió la libertad y absolución de los líderes comunitarios.

En el siguiente enlace puede leerse la carta firmada por 185 académicos y abogados y 13 organizaciones jurídicas de 26 países:

https://ips-dc.org/wp-content/uploads/2024/01/Carta-Abierta-a-la-Fiscalia-General-de-la-Republica-de-El-Salvador-de-academicos-y-abogados-de-todo-el-Mundo.pdf

 

Masacres contra Santa Marta están impunes

Vidalina Morales, presidenta de ADES y lideresa de Santa Marta, agradeció el apoyo nacional e internacional a la exigencia de libertad para los ambientalistas y reclamó a la Fiscalía por no investigar las masacres de civiles cometidos por el ejército gubernamental durante la guerra civil.

“La Fiscalía no ha querido investigar a quienes perpetraron las masacres contra nuestra comunidad y, en vez de eso, monta un caso contra cinco de nuestros líderes”, señala la luchadora ambiental. También recuerda que están impunes los asesinatos de tres ambientalistas anti mineros perpetrados en 2009.

La Fiscalía salvadoreña acusa a los líderes ambientalistas de cometer un supuesto asesinato en 1989 cuando militaban en la Resistencia Nacional, una de las cinco organizaciones insurgentes que integraban el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

La defensa legal y organizaciones sociales señalan falta de pruebas reales, pues la Fiscalía basa su acusación en el testimonio contradictorio de un testigo protegido que primero dijo que presenció los hechos, pero después declaró que le contaron lo sucedido.

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