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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La mañana de este viernes, académicos y abogados, junto a la Comunidad Santa Marta en Cabañas, presentaron una carta a la Fiscalía General de la República (FGR) donde exigieron el sobreseimiento definitivo para los defensores de ADES y Santa Marta que han sido criminalizados. Afirmaron que el proceso penal que enfrentan los líderes comunitarios carece de pruebas.
La carta fue respaldada por académicos y abogados nacionales e internacionales. Uno de ellos fue Andrés Mckinley, especialista en agua de la UCA. “Estamos para unir nuestra voz, a los miles de voces de personas en El Salvador y alrededor del mundo que se encuentran preocupados por el medio ambiente y por la represión y persecución contra defensores del medio ambiente; como es el caso de los 5 defensores del agua de la ONG, ADES y la Comunidad Santa Marta, encarcelados hace un año por el simple hecho de amar a su país y defender el medio ambiente”, comentó.
Agregó que El Salvador, al igual que el mundo entero, está en una crisis profunda del medio ambiente por el cambio climático, por la destrucción de los bosques, por el mal uso de los suelos, por la contaminación de las aguas y por la sobreexplotación de las aguas por las grandes empresas.
“Los 5 defensores de ADES y Santa Marta llevan toda una vida defendiendo el medio ambiente de este país, defendiendo el agua y es por eso que están siendo amenazados, perseguidos y encarcelados”, planteó Mckinley.
Andrés Mckinley comentó que tienen indicios de que el Gobierno de Nayib Bukele quiere volver a abrir el país a la minería metálica, a pesar del rechazo de más del 80% de la población, y a pesar de los consejos de los expertos nacionales e internacionales donde indican que la industria minera es una de las más dañinas para los recursos hídricos en el planeta.
En marzo de 2017, gracias a las organizaciones sociales y a los líderes de Santa Marta la Asamblea emitió la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, con el objeto de prohibir la minería metálica en el suelo y el subsuelo del territorio de la República. “Alcanzar una ley que prohíba la minería en este país no ha sido una tarea fácil, ha sido una tarea que ha costado vidas en Cabañas”, comentó la presidenta de ADES, Vidalina Morales.
Mirna Perla, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, recordó que ha transcurrido un año desde que los líderes ambientalistas fueron encarcelados por “una causa de la que no se tienen pruebas”.
Es de recordar que el 11 de enero de 2023, Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes comunitarios de Santa Marta y directivos de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), fueron detenidos por un supuesto hecho ocurrido durante el conflicto armado de los años ochenta. Justamente, la FGR no ha presentado pruebas de lo señalado.
“Consideramos con mucha preocupación que en este mes cuando se cumple un aniversario más de la firma de los Acuerdos de Paz, esto es un atentado contra los acuerdos que fueron organizados y fundamentados por luchas del movimiento social (…) queremos dejar claro que este proceso (de los líderes) es un proceso que evidencia la persecución política contra gente comprometida con el medio ambiente”, planteó Perla.
Ingrid Escobar, representante de Socorro Jurídico Humanitario, también condenó la criminalización de los 5 defensores del agua. Escobar planteó que a los 5 líderes se les ha aplicado un protocolo como al resto del régimen de excepción, por tal, los puede mantener en prisión indefinidamente. “Lo que le exigimos al fiscal general de la República (Rodolfo Delgado), tras no haber pruebas en contra de esos 5 defensores, es el sobreseimiento definitivo y el cierre del caso”.
Rafael Paz Narváez, docente aniversario de la UES, dijo que, como organizaciones sociales, académicos y abogados firmantes de la carta, exigen la libertad absoluta de los líderes “injustamente capturados durante el actual régimen de excepción, injustamente acusados por crímenes de guerra que están completamente infundados, hay una carencia total de pruebas y forma parte de un esfuerzo del actual gobierno por distorsionar la memoria histórica de la nación”.
La presidenta de ADES, Vidalina Morales, aseguró que fueron más de 200 personas las que firmaron la carta que se entregó a la FGR. “Sabemos que la FGR ha llevado este caso, desde su primer momento, con supuestas acusaciones. Santa Marta ha sido una comunidad que ha sufrido enormemente crueldades con este sistema corrupto. Nuestra comunidad ha presenciado masacres y no se ha hecho justicia contra los que han ocasionado esos crímenes de lesa humanidad; pero ahora, la Fiscalía ha arremetido contra nuestros compañeros defensores del medio ambiente”.
Actualmente, los defensores se encuentran en arresto domiciliario desde el 5 de septiembre del año pasado siguiendo el proceso judicial.
