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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“Nunca creí que iba a estar en estas cosas (de protestas) defendiendo el territorio”, sentenció Fidelina Lemus, de 75 años de edad, ciudadana hondureña, el pasado 18 de octubre en el campamento “El Guapinol por la Vida y la Dignidad”, recientemente se supo que los pobladores fueron reprimidos en un operativo militar y agentes de seguridad en la región del Bajo Aguán, Honduras.
El pasado 27 de octubre, en horas de la mañana, pobladores reportaron la presencia de tanquetas, efectivos militares y fuerzas de seguridad estatal que procedieron a desmantelar por la fuerza el campamento ocupado por 200 líderes comunitarios, con uso excesivo de fuerza e intoxicaciones con gas pimienta.
Se lamenta la muerte de Levin Alexander Bonilla de 32 años, quien residía en la comunidad La Ceibita y la detención de tres personas y decenas de heridos, denunció ACAFREMIN.
La resistencia de este grupo de ambientalistas que provienen de la comunidad El Guapinol, y que conforman el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa, Colón en Honduras, los ha llevado a sufrir de represión por miembros del ejército, agentes policiales y seguridad privada de la empresa Inversiones Los Pinares, que ha azolvado la corriente del río El Guapinol.
Representantes de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN) denunciaron la acción, calificándola de una “brutal campaña de represión” contra el grupo de ambientalistas que protestaron ante el permiso extendido de manera irregular a Inversiones Los Pinares, antes Emco Mining Company, que se dedica a la explotación del óxido de hierro desde 2014.
“La empresa es propiedad de Lenir Pérez, empresario vinculado a contratos otorgados de forma ilícita por el gobierno de Juan Orlando Hernández y quien ha sido previamente vinculado a crímenes ambientales por el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SERNA), encontrando también que el proyecto minero Buena Vista I causó deforestación desmedida, así como contaminación de las aguas y eliminación de los peces por desechos mineros”, afirmaron.
Asimismo, ACAFREMIN denunció la campaña de criminalización a personas defensoras de derechos humanos, que proviene de grupos de poder político locales, con la complicidad de medios de comunicación que representan al capital económico.
“Desde el 15 de agosto de 2018 un defensor ambiental resultó herido de bala por miembros de la seguridad de la empresa, y hasta la fecha la policía local se ha rehusado a investigar el crimen. Y denunciamos también que luego del desmantelamiento del campamento se ha incrementado la represión por la seguridad de la empresa y la lideresa Irma Serrano y sus dos hijas fueron secuestradas por más de 20 horas y su casa fue incendiada por un grupo de encapuchados. Por lo que hacemos responsables de estos actos al empresario Lenir Pérez, al alcalde de Tocoa Adán Funes y al presidente de la República Juan Orlando Hernández, por la seguridad física y daños materiales contra esta comunidad y sus líderes y lideresas”, puntualizaron.
