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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Pedro Cabezas, facilitador de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), es contundente en señalar que los proyectos extractivos como la minería se caracterizan por vulnerar el medio ambiente, la biodiversidad y al ser humano. “Queremos denunciar ese sistema de generación de ganancias y desarrollo económico que hereda graves daños a largo plazo”, dijo a Diario Co Latino, en entrevista exclusiva.
¿Cuál es la denuncia contra el proyecto minero Cerro Blanco?
-Como Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN) estamos trabajando, específicamente, ante el proyecto minero Cerro Blanco que se encuentra en Asunción Mita, Guatemala, a 12 kilómetros de la frontera con El Salvador. Por su cercanía amenaza las cuencas del río Ostua, Lago Güija y el Lempa, que están interconectados.
El río Lempa, es una de las principales fuentes de agua superficial para El Salvador, y alimenta a dos terceras parte de la población, con agua de uso doméstico, agricultura, ganadería y pesca. Es básicamente la columna vertebral del país y está severamente amenazada por este proyecto minero, que ha estado en proceso de desarrollo por más de 17 años sin ningún resultado.
¿A qué se debe?
-Primero, han encontrado resistencia de parte de las comunidades en Guatemala y El Salvador. En segundo lugar, cuentan con una serie de inconsistencias en la adquisición del proyecto y aprobación de los procesos de estudios de impacto ambiental y otra serie de irregularidades que las organizaciones ambientalistas guatemaltecas han hecho oposición legal.
Y en tercero, encontraron irregularidades técnicas del proyecto y precisamente, por no haber hecho un estudio de impacto ambiental adecuado. La empresa Gold Courp, cuando comenzó a desarrollar la fase de explotación, en el año 2013, cuando eran propietarios, encontraron que los túneles que excavaban estaban llenos de aguas termales, las que nunca han dejado de drenar para continuar y no han logrado secar la mina y es una cantidad increíble en la zona, a lo que se suma, que el suelo contiene una alta densidad de arsénico, entonces las aguas termales se mezclan con una cantidad de arsénico que rebasa los límites de la salud y con un proceso de minería, que por su naturaleza genera contaminación por arsénico.
¿Qué ha alegado Gold Corp sobre esta situación?
-El proyecto minero Cerro Blanco fue suspendido por Gold Corp, en el año 2013, debido a que el precio del oro tuvo una baja, entonces la empresa tuvo que cerrar varios proyectos que consideraban no viables o de alto riesgo, en diferentes partes del mundo y eso incluía la mina del Cerro Blanco, entonces lo pusieron en suspensión.
En este momento nosotros teníamos una campaña en El Salvador, donde denunciábamos que ese proyecto minero se iba abrir y afectaría al país, entonces la procuraduría para la derechos humanos de El Salvador (PDDH) publicó un estudio especial, con respecto al impacto que tendría la mina Cerro Blanco y mandató al gobierno salvadoreño a tomar el caso de la contaminación de aguas transfronterizas con el gobierno guatemalteco.
Esto permitió que se comenzara a tomar varias medidas, y los gobiernos salvadoreño y guatemalteco generaron una comisión bilateral para hablar sobre el tema. Pero al cerrar la empresa Gold Corp, la mina Cerro Blanco, todo el trabajo de la denuncia social que se había hecho a nivel binacional paró, porque técnicamente el proyecto cerró.
¿Por qué abren de nuevo al Cerro Blanco?
-Bueno los años pasaron y aquí en El Salvador se prohibía la minería metálica, se ganaba la demanda internacional al Estado salvadoreño, por la empresa Oceana Gold/Pacific Rim. Cuando en el 2017, nos damos cuenta que la compañía Gold Corp, vendió el proyecto y concesiones de Cerro Blanco, a una empresa nueva llamada Blue Stone Resources, que tiene su sede en Vancouver, Canadá.
Y es una empresa relativamente joven (…) les llaman “empresa junior”, es una empresa que empieza con poco capital y adquiere un proyecto de dudosa procedencia o como le llaman de “alto riesgo”, en el que eventualmente esperan encontrar oro u otros minerales. Y vender el proyecto que compraron a bajo precio a uno mucho más alto. Y eso ocurre con Blue Stone Resources.
¿Cómo burlan las normas jurídicas de protección al medio ambiente?
-En 2017, Blue Stone tuvo una campaña de recaudación de fondos para explotar este proyecto en Guatemala, afirmando a los inversionistas que tienen todos los permisos para la explotación. Y no les dicen que ese proyecto ya quiso ser explotado por Gold Corp, pero al encontrar diversas falencias técnicas no se desarrolló y pasaron ya los tiempos de permisos, según las regulaciones guatemaltecas.
Y conociendo los sistemas jurídicos en la región, Blue Stone Resources cuenta con una empresa subsidiaria que se llama “Entre Mares”, que conoce bien el sistema legal guatemalteco, y son ellos los que de alguna manera convencieron a los ministerios de medio ambiente y economía, que la mina todavía está en funcionamiento, pese a que no han hecho nada en cinco años. Y ese permiso de explotación sino se ha explotado en dos años, se vence y se cancela por default (asimismo), eso significa que laboran de manera ilegal.
¿Qué esperan del involucramiento de la sociedad civil y PDDHs de ambos países?
-Estamos articulando un movimiento de organizaciones sociales para oponernos a la mina y contamos con el apoyo de aliados internacionales, que algunos están en Canadá. Por ahora estamos en proceso de investigación de sus propietarios y queremos denunciar la responsabilidad que tienen las empresas mineras que vienen a la región, sin tomar en cuenta el impacto biológico y social que generan. Rechazamos este sistema para generar ganancias y considerarlo desarrollo económico.
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