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“Justicia ambiental”, una lucha por el cuido de los recursos naturales. Foto Diario Co Latino

Acceso a la Justicia Ambiental, deuda pendiente en el país

@GloriaCoLatino

Sonia Sánchez, medicine presidenta del colectivo “Movimiento de Mujeres de Santo Tomás”, se encuentran en la lucha por los recursos naturales de su municipio, frente a la amenaza del recurso agua, por la construcción de un complejo habitacional.

“Nuestro principal problema es la construcción de Brisas de Santo Tomás, una urbanización de 416 viviendas, que construye Inversiones Roble, que han afectado a dos quebradas: el río Anonal y el río Tiguapa; que nace su manantial en una recarga hídrica y este manto acuífero quedará cubierto por esa colonia”, denunció.

Sánchez explicó que tienen un proceso legal en el Juzgado Ambiental, pero consideran necesario que la población conozcan más la ruta jurídica  y que se involucren en la defensa de sus recursos naturales, antes de padecer situaciones extremas o vulnerables.

El Presidente de la UNES, Mauricio Sermeño, dijo sobre la justicia ambiental, que era un concepto “desconocido” y que aún no era un concepto popular, por lo tanto, era importante que se democratizara su contenido y aplicación.

“Necesitamos que la población se empodere de esta herramienta y proteger su medio ambiente -que tiene su doble filo- porque si un funcionario de estos no actúa con verdadera justicia podría incluso proteger a los delincuentes ambientales; es por esto que se debe conocer, para exigir una protección y justicia ambiental, como sucede en muchos otros casos en el país y el mundo”, explicó.

Sobre la tipificación de los delitos, Sermeño afirmó que la población que se encuentra en el riesgo ambiental, debe ser capaz de identificarlo y denunciarlo para obtener la justicia que demanda.

“En el país se han hecho algunos ejercicios ambulantes en un tribunal, que aunque no es vinculante su sentencia o jurisdicción se pueden conocer casos que nos llevan al riesgo para todos y todas, como la tala indiscriminada de la finca El Espino, el anillo periférico en el Cerro San Jacintos y las represas El Chaparral y el Cimarrón; que logró sentencias en contra de estos casos”, comentó.

El Juez Ambiental de San Salvador, Samuel Lizama, detalló que a partir del 1 de diciembre nacen como tribunal a partir del decreto de  Ley de Medio Ambiente aprobada en 1998, que da pauta a la creación de esta instancia jurídica, que lleva ocho meses de funcionamiento.

“Se prevé la creación de dos juzgados más, Santa Ana y San Miguel que estarían activados desde enero del próximo año (2016) desde la entrada en vigencia la ley, han interpuesto 39 casos contra diferentes recursos naturales  como agua, forestales, explotación de canteras y cambios de uso de suelo como en el volcán de San Salvador”, argumentó.

Sobre la normativa jurídica, el Juez Lizama  indicó que existen tres formas de  responsabilidad ambiental: la primera, responsabilidad penal cuando hay comisión de delitos (Fiscalía y jueces penales); responsabilidad administrativa, que se verifica por medio de una lista de infracciones administrativa, que pueden cometer empresas o titulares de obra o proyectos y lo rige el Ministerio de Medio Ambiente (MARN).

Y en tercer lugar,  es la responsabilidad civil, que es para los casos en donde salieron perjudicados en su patrimonio, salud o existan riesgos de salir perjudicadas, por no tener una protección ambiental correspondiente, que incluye medidas cautelares y con solo tener un aviso pueden iniciar de oficio la investigación.

La Procuradora Adjunta de la PDDH, Yanira Cortez, sobre la justicia ambiental ,explicó  que aunque no se conoce ya existe y se relaciona con el derecho a una tutela judicial efectiva.

“Cuando se comienza hablar de los daños ambientales en la segunda década pasada y concretamente cuando se llega a tener más conciencia de medio ambiente surge y toma importancia; como un concepto particular de la tutela judicial efectiva y esto significa que exista un tribunal para acceder a la justicia y recordemos que la justicia son normas, derechos, instituciones y mecanismos que se deben activar para considerar o proteger al medio ambiente y la sociedad es importante para que el Estado tome la responsabilidad”, puntualizó.

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