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Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez
Acción Ciudadana presentó el tercer informe de seguimiento sobre “Asignación Presupuestaria de Instituciones de Control 2023”, con énfasis en la Ley del Presupuesto General de la Nación aprobado para este año. La organización destacó que el proceso de elaboración y aprobación del presupuesto para instituciones de control ha sido poco transparente.
“Las instituciones de control deben ser independientes y efectivas en el ejercicio de sus facultades y su rol legal y constitucional, si no hay independencia efectiva, no tendremos respuesta adecuadas a los servicios que demandan los ciudadanos. El informe lo que busca presentar es el tema presupuestario y cómo podría afectar la prestación de servicios para los ciudadanos”, destacó el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.
Escobar dijo que solicitaron información para conocer el techo presupuestario, los proyectos de presupuesto de 2023, el presupuesto aprobado, el plan operativo anual, y documentos de base del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), de la Corte de Cuentas de la República (CCR), de la Procuraduría General de la República (PGR), Fiscalía General de la República (FGR), y al Órgano Judicial, y la información proporcionada fue menos de la mitad.
Hay que mencionar que, la FGR fue la única institución de las siete mencionadas que declaró reserva en todos los apartados requeridos e hizo una remisión al Diario Oficial sobre el presupuesto.
La PDDH y el TEG fueron quienes proporcionaron 4 de 5 requerimientos de información; y los únicos con los portales de transparencia con su presupuesto 2023. Y la IAIP, “ente garante del acceso a la información”, en una cuestionada resolución no remitió el documento solicitado, justificándose que es el mismo techo presupuestario del Ministerio de Hacienda (MH).
La problemática recae, según Acción Ciudadana, en que no se conoce cuál es la necesidad presupuestaria de las instituciones para que desarrollen un buen trabajo de contraloría ciudadana. La FGR pasó este 2023 de la ejecución de su necesidad presupuestaria en un 69% a lo largo de los años, a un 59%. La PGR mantiene una cobertura de la necesidad presupuestaria del 84%, la PDDH mantuvo el mismo porcentaje de 2022 y este año, a pesar del contexto del régimen de excepción que se vive hasta la actualidad.
Respecto a la Corte de Cuentas de la República, la institución declaró reservada de su información del proyecto de presupuesto, la CSJ se acopló al techo presupuestario del Ministerio de Hacienda, pero en un inicio la CSJ mostró un aumento de un 12% para este 2023, pero Hacienda no lo permitió.
Acción Ciudadana destacó que posterior al nombramiento del actual fiscal general, Rodolfo Delgado, el presupuesto aumentó hasta en un 13.77%, la PGR aumentó el presupuesto en un 13% trás nombrar al actual procurador, el IAIP aumentó en 16.33% su presupuesto en 2022 y en 2023 lo incrementó en un 14.29%, luego que la mayoría de comisionados fueron nombrados por Nayib Bukele.
