Acción Ciudadana: “Existe una reversión grave en materia de transparencia”

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana (AC), planteó algunos puntos de la situación actual en materia de transparencia oficial, asi como el alcance y relevancia que la ciudadanía pueda contar con acceso a la información pública y oficiosa de los funcionarios elegidos por ellos mismos, para dirigir el país.

“Hay una reversión grave en materia de transparencia que estamos experimentando en el país y que inició en 2019. Es un proceso de reversión a nivel de información que se había alcanzado antes, incluso, se hizo público, cuando un funcionario realizó un gasto en una papaya, si lo recuerdan”, recordó Escobar.

El informe de Acción Ciudadana fue preparado por el Centro de Monitoreo Institucional, y da seguimiento al análisis del “nivel de cumplimiento”, por parte de funcionarios y exfuncionarios públicos, en la presentación de la “Declaración de Patrimonio” en la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Para el director ejecutivo de AC, conocer la información de las “declaraciones de patrimonio” de los funcionarios públicos es el primer punto en materia de transparencia, que cobra relevancia ante las reiteradas declaraciones de reservas de información de manera injustificada o las restricciones de información oficiosa que no se está publicando.

“Y esto es -digamos- no sólo en algunas oficinas públicas, si no en todas las instituciones, y aquí llama la atención el ocultamiento de información de la Asamblea Legislativa respecto a los presupuestos que tiene cada diputado para contratar su personal de apoyo para su labor legislativa”, comentó Escobar.

“Este ocultamiento de información es parte de la reversión en transparencia, ¿por qué hacemos estos señalamientos sobre este ocultamiento de información? Porque en transparencia cuando las instituciones no revelan información probablemente se debe a que están ocultando corrupción, enriquecimiento ilícito o desvío de fondos públicos”, reafirmó Escobar.

Escobar enfatizó que la información que suele no revelarse a la ciudadanía está vinculada a la parte financiera que deben administrar los funcionarios públicos. Y es donde pueden darse “desvío de fondos” que pueden ser a particulares o beneficios que no están en función de favorecer a la población.

La relevancia de Probidad es el trabajo contra la corrupción

“Puede haber presupuestos que están ocultos y no sabemos si estos terminaron en los bolsillos de un funcionario o se utilizó mal el dinero”, agregó, Escobar, al señalar el interés de Acción Ciudadana en este tipo de monitoreo como prevención a la utilización indebida de fondos públicos.

“Una manera de detectar estas situaciones del enriquecimiento ilícito, sería la declaración de patrimonio, y esa medida es una herramienta de prevención de corrupción, una herramienta de detección de corrupción y por eso es importante analizar el tema”, alegó.

“También, analizar más el contexto del cierre de información, – en esa medida-, sería importante que la ciudadanía, así como está exigiendo a los diputados que revelen la información sobre sus asesores y como usa el dinero, también le exija a los funcionarios que presenten su declaración de patrimonio”, argumentó Escobar.

Declaraciones patrimoniales en incumplimiento 

Norma Orellana, investigadora del informe de Acción Ciudadana, señaló, con respecto a la declaraciones patrimoniales en dos quinquenios analizados, que corresponden al Órgano Ejecutivo, revelan un “aumento en la tendencia al incumplimiento” en la presentación.

“Del quinquenio 2014-2019, existen 2 mil 258 declaraciones pendientes. Y en el quinquenio 2019-2024, existe un 46.3% de declaraciones que no se han presentado, y las presentadas representan sólo un 53.7%”, afirmó.

“Las personas obligadas cumplieron en mayor medida con presentar las declaraciones por cese de funciones dentro del plazo legal, pero están pendientes 2 mil 313 de este tipo. Y todas las clasificaciones de las declaraciones reportan aumento en 2024”, indicó Orellana.

En cuanto al Órgano Legislativo, fueron tres legislaturas analizadas y revela que no todos los diputados presentaron sus declaraciones . Como la legislatura 2015 -2018, de 335 declaraciones que debieron presentarse 289 cumplieron con la obligación de presentarlas.

“A 2024 se reportan 45 declaraciones omisas y 43 corresponden a diputados suplentes. En el 2018 a 2021, de 334 declaraciones que debieron presentar, 283 fueron presentadas y 51 están pendientes, 45 son de diputados suplentes”, señaló.

“En la legislatura 2021a 2024, sobre toma de cargo, de 168 declaraciones que debieron presentarse, 155 no se presentaron y 13 están pendientes y 9 son diputados suplentes”, explicó Orellana.

La investigación de la AC señala que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia no cuenta con el personal suficiente frente a la carga laboral que ingresa y la mora de años anteriores para ser revisadas. De 34 personas que integran esta unidad, 19 son quienes se encargan de revisar y analizar las declaraciones. Desde 2024, la Sección de Probidad cuenta con un total de 19 mil 75 declaraciones pendientes de revisión.

“Se evidencia una parálisis en el ejercicio de la potestad sancionadora de la Corte Suprema de Justicia, pues en los dos quinquenios del Órgano Ejecutivo y las últimas tres legislaturas, la cantidad de expedientes sancionatorios que se han abierto para imposición de multas es pequeña, comparada con la cantidad de personas que incumplieron su obligación de declarar”, indicó Orellana.

A febrero del presente año, añadió la investigadora, se reportaron 780 expedientes activos. Y sobre quienes han sido acreedores a una multa, los datos encontrados sólo reflejaron que la Sección de Probidad determinó un total de 297 (2014 a 2022).

“Entre 2014 y 2023, la Corte Suprema de Justicia decretó 35 medidas cautelares como restricción sobre diversos bienes a exfuncionarios sobre los que existen indicios de enriquecimiento ilícito”, informó.

“Y entre febrero y diciembre 2023 remitió a la Cámara competente dos casos más. Esto evidencia que la DIP constituye un mecanismo idóneo para detectar indicios de enriquecimiento ilícito, pero que necesitan mejoras”, observó Orellana.

Acción Ciudadana presentó también el “Mapa de Riesgos”, que muestra el estado de transparencia en El Salvador, y mantiene la “bandera roja” por los “bajos niveles de cumplimiento del mandato constitucional de presentar las declaraciones de patriminio” ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.