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Redacción Nacionales
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Mediante un comunicado Acción Ciudadana lamentó que la Asamblea Legislativa de nuevo llevó a cabo un proceso de elección del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), el cual no cumple con los estándares internacionales en la materia, pues no se definió el perfil del funcionario a elegir ni se establecieron criterios objetivos de evaluación de los aspirantes.
Como organización promotora de la transparencia, el combate a la corrupción y el fortalecimiento del sistema democrático del país señaló que el irregular proceso legislativo no ofrece las garantías suficientes respecto de lo que se eligió, una persona independiente e imparcial para ser el titular de la FGR, y así cumplir con las funciones que el cargo le demanda, como es el adecuado ejercicio de la acción penal, la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad en general.
Para Acción Ciudadana, la actual legislatura comete los mismos vicios de anteriores gestiones legislativas, incumpliendo con la jurisprudencia constitucional en materia de elección de funcionarios, sobre todo, cuando ha señalado que en el cargo de fiscal general la independencia político-partidaria es imprescindible, por lo cual, es urgente reformar el proceso de elecciones indirectas para garantizar a la sociedad salvadoreña la elección de los profesionales independientes e idóneos para cada cargo.
La organización pidió transparentar las diferentes etapas del proceso de elección y permitir la participación de la ciudadanía, nombrar funcionarios sin cumplir con la Constitución, así como los deberes y buenas prácticas internacionales tiene consecuencias negativas, pues reduce la confianza de la sociedad en las instituciones públicas, impide atender adecuadamente problemas de país como homicidios, desapariciones y extorsiones, y socava la relaciones con actores y naciones aliadas para promover el desarrollo y la justicia.
Asimismo, hizo un llamado a los organismos internacionales, a la sociedad civil organizada y a la ciudadanía en general a vigilar el actuar de los funcionarios y servidores públicos, para que ejerzan sus cargos con independencia, actuando conforme a la Constitución y a las leyes de la República.
