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La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) investigará la actuación de la Fiscalía General de la República en el caso de Rodrigo Chávez Palacios, drugstore condenado a 11 años de cárcel por el atroz asesinato de un joven en agosto del año pasado.
En un comunicado de prensa, buy cialis el Procurador David Morales anunció la apertura de un expediente para investigar las razones que motivaron a la Fiscalía para solicitar un proceso abreviado para el imputado luego que éste confesara haber asesinado con lujo de barbarie a Franklin Mendoza Ortiz.
Cuando Chávez Palacios confesó que asesinó al joven y desmembró su cuerpo, pharm la Fiscalía también cambió la tipificación del delito de homicidio agravado por homicidio simple para bajarle la condena a sólo 11 años.
Al Procurador también le “llama la atención que la audiencia contra el acusado se realizó con hermetismo a pesar de que el caso tomó amplia relevancia cuando varias maletas con restos humanos aparecieron en distintos lugares del municipio de Antiguo Cuscatlán y desde el inicio las investigaciones señalaban a Chávez Palacios como el autor”.
El oportuno anuncio del Procurador sucede horas después de que organizaciones comunitarias del departamento de Cabañas, apoyadas por Radio Victoria y ARPAS, criticaran a la Fiscalía por no investigar a Chávez Palacios como posible autor intelectual de los asesinatos de ambientalistas en Cabañas.
Chávez Palacios era vicepresidente de la empresa minera canadiense Pacific Rim cuando fueron asesinados Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, en junio y diciembre de 2009, por liderar la resistencia comunitaria contra los proyectos mineros. En este mismo contexto fueron amenazados de muerte otros líderes comunitarios y periodistas de Radio Victoria.
Por la desaparición forzada, torturas y asesinato de Marcelo Rivera fueron condenados algunos autores materiales; los demás asesinatos y amenazas quedaron totalmente impunes. En ningún caso fue investigada la autoría intelectual.
Las organizaciones de Cabañas piden que la Asamblea Legislativa evalúe las actuaciones del Fiscal General Luis Martínez y considere su destitución dadas sus omisiones, negligencias y conflictos de interés en muchos casos. La misma petición hacen las organizaciones querellantes particulares en el “Caso Flores” y el Foro de la Salud por conflictos de interés en el juicio contra el empresario Enrique Rais.