Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Al grito de “pueblo únete” diversas organizaciones sociales y ambientalistas, que aglutinan la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, cerraron cinco puntos del territorio nacional, como medida de presión a la derecha política y económica para que cese en su intención de privatizar el agua en el país.
“Estamos protestando de manera enérgica para que no privaticen el agua en el país, somos comunidades, somos organizaciones, somos la población exigiéndole a todos los partidos políticos de derecha y sus socios a no privatizar nuestro recurso hídrico”, dijo Karen Ramírez, de Pro Vida e integrante de la Alianza Nacional.
Irónicamente el 5 de junio, en el marco de la conmemoración del “Día Mundial del Medio Ambiente”, la diputada Martha Evelyn Batres, de la fracción del partido ARENA, junto al PCN, PDC y GANA, decidieron desechar los 92 artículos de la Ley General de Aguas, una propuesta introducida por organizaciones sociales.
Actualmente, la derecha legislativa ha entrado con un “nuevo” anteproyecto bajo el brazo, cuyo origen deviene de técnicos de la gremial empresarial ANEP, denominada Ley Integral del Agua, que provocó el derecho a la protesta de la sociedad civil organizada y población, por los peligros de la privatización del agua.
Karen Ramírez señaló que están conscientes de las estrategias dilatorias de la derecha legislativa, para aprobar una Ley de Aguas a través de la desinformación por algunos medios de comunicación afines a sus intereses y tanques de pensamiento como FUSADES y FUNDE.
“Estamos en más de seis puntos del país y les estamos diciendo no, a esas intenciones y queremos que sepan que este es el segundo llamado a todos los partidos de derecha y principalmente a esos que tienen los deseos mezquinos de dejar al pueblo salvadoreño sin agua. Sabemos de los intereses de los diputados en la Asamblea Legislativa y es por esto, que estamos claros rechazando cualquier mercantilización del agua que afectara a las mayorías empobrecidas. Estamos en la calle no comportándonos como terroristas, estamos aquí, como ciudadanos y ciudadanas defendiendo nuestro derecho al agua”, sentenció.
Foto Diario Co Latino/Alfredo Carías.
Rodolfo Calles, de CRIPDES, consideró importante que los diputados tomaran en cuenta las acciones de la población en rechazo a la privatización del agua y que no se confíen en la cantidad de votos que pueden reunir en el pleno legislativo para sus anteproyectos privatizadores.
“No podemos confiar en una autoridad del agua que no incluye a representantes de la población y el Estado, eso significa que ese importante recurso quedaría en manos privadas, por eso le pedimos a la población a informarse realmente sobre la amenaza de privatizar el agua. Es por eso que esta presión social terminará cuando retomen los 92 artículos aprobados, desechen el anteproyecto de ley integral de agua y salga de la discusión de la autoridad del agua la ANEP y sus socios”, manifestó.
Sobre la conformación de miembros de la autoridad del agua, Calles opinó que las propuestas que surgen de la derecha siguen el patrón estructurado de una entidad que buscan generar ganancias en aspectos tan sensibles como el pliego tarifario y la distribución del vital líquido.
“Esas reformas que ha propuesto a la Ley de ANDA, la diputada Batres, son reformas en temas importantes como las tarifas y los subsidios. Y lo que proponen es una comisión de alto nivel, que será vinculante en sus propuestas ¿y adivina qué?, son esos temas de cuánto les va a costar a ellos el agua y en que medida serán subsidiados por el Estado, esta reforma que proponen es complementaria a la Ley de Integral del Agua de la ANEP”, argumentó.
Calles agregó que esta es una estrategia de la derecha de presentar diferentes iniciativas y confundir a la población. “Si recuerdas hace algunos días, el candidato presidencial de ARENA (Carlos Calleja) llegó a la Asamblea con una propuesta de reforma constitucional para el derecho al agua, cuando han tenido nueve años para aprobarla y su partido ha rechazado todas esas oportunidades para confundir a la población, es un descaro”, sostuvo.
Las noventa organizaciones que integran la Alianza Nacional contra la Privatización, realizaron puntos de protesta en el desvío de Amayo, Chalatenango, el desvió de Nueva Granada, Usulután, Kilómetro 5, carretera a Sonsonate, El Trébol, Santa Ana, Planta de Procesamiento de embotelladora Coca Cola, Nejapa, puente de Oro y San Marcos Lempa, Cuscatlán, y Kilómetro 18 en Morazán, como medida de presión social.