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@arpassv
En las últimas tres semanas la Asamblea Legislativa aprobó varias leyes y reformas importantes, click algunas de las cuales pasaron desapercibidas en los principales medios de comunicación.
Una es la Ley de Defensa Comercial, buy cuyo propósito es proteger la producción nacional frente a prácticas de comercio desleal y anticompetitivo que dañan la economía. La normativa busca revertir las indefensiones de los productores salvadoreños causadas por la liberalización y desregulación neoliberal.
Los gobiernos de ARENA desmantelaron el aparato productivo del país, privilegiaron las importaciones, proyectaron una economía de servicios y entregaron a empresas transnacionales rubros estratégicos como la banca, telecomunicaciones y distribución eléctrica.
Otra es la Ley de Reparación por Daños a la Moral que permite reparar los perjuicios provocados por errores judiciales, retardación de justicia o violaciones a derechos constitucionales. Mediante esta ley cualquier persona dañada en su honor y dignidad puede exigir una compensación monetaria.
De especial relevancia es la Ley de Probidad que sustituye a una caduca normativa que venía desde los años cincuenta y era ineficaz para prevenir el enriquecimiento ilícito.
La nueva ley restablece y amplía las competencias a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia para que reciba declaraciones patrimoniales de privados que participen en el manejo de fondos estatales y directivos de empresas de economía mixta, además de funcionarios públicos y sus grupos familiares.
Y entre las reformas destaca la realizada a los códigos Penal y Procesal Penal para que los delitos de abuso sexual contra menores no prescriban. Esta medida permite que agresiones sexuales contra niñas y niños puedan denunciarse, investigarse y judicializarse independientemente de cuándo se hayan cometido.
Esta reforma es la respuesta legislativa a los escándalos de pedofilia en la Iglesia Católica y casos de abuso sexual de sacerdotes contra menores, revelados a partir de denuncias de la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato.
También hay omisiones legislativas positivas. La más relevante es la retirada de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones que impulsaban ARENA y PCN. La caída momentánea del cuestionado dictamen abre la posibilidad de aprobar una reforma más integral al marco normativo de las comunicaciones.
Así que, a pesar de la deuda que significa no elegir a tiempo al nuevo Fiscal General, la Asamblea cierra el año con acciones positivas que merecen destacarse con la misma vehemencia que se denuncian los desaciertos parlamentarios.
