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@arpassv
La Asamblea Legislativa aprobó ayer tres préstamos para financiar programas de seguridad y proyectos de desarrollo en la zona costera del país. Los tres préstamos que suman 92 millones de dólares fueron aprobados por todos los grupos parlamentarios, physician excepto ARENA.
Uno de éstos préstamos es con el Instituto de Crédito para la Reconstrucción de Alemania (KFW) por 22 millones de dólares, generic de los cuales 9 millones se pagarán en un período de 30 años, con 10 años de agracia y al 2% de interés; y los otros 13 millones serán donación. Los otros dos, de 45 y 25 millones respectivamente, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también tienen tasas bajas de interés y largos plazos de pago.
El primer préstamo será para “recuperar espacios públicos invadidos por la delincuencia y convertirlos en centros de capacitación, organización comunitaria y reparación del tejido social”; y el segundo financiará “proyectos de prevención de la violencia juvenil, promoción de la inclusión social y fortalecimiento de programas de reinserción”. El tercero será invertido en proyectos de la franja costero-marina de La Libertad y Usulután, como complemento del Fomilenio II.
ARENA no votó por los préstamos alegando que “el gobierno del FMLN no administra bien los recursos públicos”. Burros hablando de orejas: el partido oligárquico dice eso mientras el más connotado de sus ex presidentes (Francisco Flores) está procesado por peculado y enriquecimiento ilícito en relación al manejo irregular de millonarios donativos de Taiwán.
ARENA critica al actual gobierno por la violencia que sufre el país, pero no apoya el financiamiento para la seguridad. El partido oligárquico, además, no asume ninguna responsabilidad a pesar de que este problema es consecuencia de las fracasadas políticas de seguridad de sus gobiernos, sobre todo los que presidieron Francisco Flores y Antonio Saca.
Lo actuado ayer por la Asamblea se suma a la sanción presidencial de la Ley Anti-Extorsiones y a la implementación de otras medidas incluidas en el “Plan El Salvador Seguro” elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia.
Pero combatir eficazmente la violencia e inseguridad requiere también el concurso de otras instancias estatales, especialmente la Fiscalía y el Sistema Judicial. La Fiscalía y los tribunales de justicia son responsables de la galopante impunidad, un factor que promueve más delincuencia.
En tal sentido, es urgente el fortalecimiento de la Fiscalía y la depuración del Sistema Judicial. Esto último es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), instancia que poco o nada aporta para resolver el auge delincuencial de las pandillas y el crimen organizado.
