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Por Leonel Herrera*
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó esta semana a los partidos políticos oficialistas y opositores a suscribir un pacto de “respeto a la legalidad y no violencia política” de cara a las elecciones de febrero del año próximo.
Con eso el TSE buscaba “lavarse la cara” después de la inscripción de la candidatura inconstitucional del actual presidente y dejar en manos de los partidos contendientes la responsabilidad del proceso electoral más fraudulento de la historia democrática del país propiciado por las cobardes e ilegales acciones y omisiones de los impresentables magistrados Dora Martínez, Guillermo Wellman, Noel Orellana y Rubén Meléndez.
Según publicó el TSE en su página web, entre los “testigos de honor” del infame show político estaba la tristemente célebre Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos Raquel Caballero, el inoportuno Nuncio Apostólico Luigi Roberto Cano, una despistada representante de ONU Mujeres y otro del muy democrático Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos. Quieran o no estas personas están avalando el fraude.
Por dicha los partidos de oposición a la autocracia bukelista rechazaron semejante burla del TSE y los cuatro magistrados que no tienen vergüenza para hablar de legalidad después de violar la Constitución de la República, el Código Electoral, otras leyes y normas electorales.
Así que el famoso pacto promovido por el ente electoral quedó solo entre el gobernante partido Nuevas Ideas y sus acólitos GANA, PCN, PDC y el recién creado Fuerza Solidaria.
En este acierto opositor destaca significativamente la acción del partido VAMOS, cuya delegación -encabezada por la secretaria general Cesia Rivas y la diputada Claudia Ortiz- llegó valientemente al evento y protestó contra la falsedad del “pacto”, la hipocresía de sus promotores y (tácitamente) la complicidad de los flamantes “testigos y testigas de honor”.
Rivas y Ortiz declararon que por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia se negaban a firmar el documento, denunciaron al partido gobernante de violentar a mujeres de la oposición y reclamaron por la ausencia de políticas estatales de protección de los derechos de las mujeres. Enhorabuena.
Por el bien del país es deseable que los partidos opositores coordinen otras acciones, tal como sugirió la plataforma ciudadana SUMAR en un comunicado donde los insta a “construir un acuerdo público de integridad en su participación en las elecciones de 2024” que reafirme -entre otras cosas- el compromiso con el respeto a la Constitución, el cumplimiento de las normas electorales y la defensa conjunta del derecho de la ciudadanía a elegir sus representantes entre candidatos legítimamente inscritos.
SUMAR también llama a la comunidad internacional a que “su observación de las elecciones incluya las modificaciones al marco legal electoral, el uso de recursos públicos en la campaña y el papel del árbitro electoral”. Así mismo le advierte que “una observación superficial de los eventos electorales podría servir involuntariamente a legitimar las graves violaciones a las reglas constitucionales y legales salvadoreñas y el rompimiento democrático definitivo”.
Ojalá que los actores e instancias de la comunidad internacional escuchen, empezando por la representante de ONU Mujeres, el Instituto Nacional Demócrata y el Nuncio Apostólico que con su presencia legitimaron la pantomina democrática del TSE.
*Periodista y activista social.
