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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) presentó su informe “Uniendo Fuerzas por la Educación de las Personas Refugiadas”, desde el cual exhorta a la Comunidad Internacional a tomar medidas inmediatas y estratégicas para contrarrestar la repercusión de la pandemia COVID-19 en la educación de las personas refugiadas, que califican de “consecuencias catastróficas”, de no atender a millones de esta población vulnerable.
Sobre el impacto en la escolaridad por la COVID-19, la ACNUR señaló que si bien la pandemia ha repercutido a la niñez y adolescencia a nivel mundial, la niñez y adolescencia refugiada se encontraba ya en un estado de vulnerabilidad en su asistencia escolar, que se agudizó con el cierre de escuelas, dificultades económicas en el pago de matriculas y la necesidad de generar ingresos a su grupos familiares.
“La mitad de los niños refugiados del mundo no estaban escolarizados previamente a esta situación, después de todo lo que han soportado no podemos robarles su futuro negándoles hoy una educación”, dijo Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
“Uniendo Fuerzas por la Educación de las Personas Refugiadas” es el quinto informe anual de ACNUR sobre educación, el cual hace un llamado a los países donantes a proporcionar financiamiento plurianual.
La ACNUR lidera la acción internacional para proteger a las personas obligadas a huir de sus hogares a causa de conflictos y la persecución. Además, brinda asistencia humanitaria de emergencia como cobijo, alimentos y agua, salvaguardando los derechos humanos fundamentales y trabajan en garantizar a las personas apátridas a obtener una nacionalidad.
Asimismo, Grandi exhortó a los gobiernos mundiales: “A pesar de los enormes desafíos que plantea la pandemia, si se ofrece un mayor respaldo internacional a las personas refugiadas y a sus comunidades de acogida, podremos desarrollar más medios innovadores para proteger los avances fundamentales en la educación de los refugiados obtenidos durante los últimos años”.
Sobre la situación de escolaridad de las personas refugiadas, la ACNUR indicó que, sin un apoyo sostenido a las iniciativas existentes, que dan acceso a escuelas, universidades, estudios técnicos o formación profesional, pueden fracasar sin un apoyo permanente y sustancial, y en algunos casos cerrarse de manera permanente, poniendo en peligro los esfuerzos en alcanzar la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 4), que respalda una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos.
“Garantizar una educación de calidad hoy significa menos pobreza y sufrimiento mañana”, opinó Mohamed Salah, embajador de la Fundación Vodafone y de ACNUR, para el “Programa Escolar de Red Instantánea”, al invitar a los países a unirse para fortalecer esta iniciativa en el contexto de los derechos humanos de las personas, a vivir sin discriminación a su género, edad, raza, creencias o condición social.
“A menos que cada uno ponga de su parte, generaciones de niños y niñas y millones de menores en algunas de las regiones más pobres del mundo tendrán que hacer frente a un futuro sombrío. Pero si trabajamos en equipo, unidos como si fuéramos uno solo, podemos darles la oportunidad que se merecen de tener un futuro digno. No la perdamos”, expresó.
El informe cuenta con estadísticas del año 2019, retomadas de 12 Estados de países de acogida que tienen a más de la mitad de niñez refugiada en el mundo. Y que sin importar que la tasa bruta de matrícula en enseñanza primaria llegó al 77 %, solo un 31 % de jóvenes están matriculados en secundaria. Y en estudios superiores solo un 3 % han logrado una matrícula, cifras que reconoce la ACNUR que están por debajo de los promedios mundiales, pero lo consideran como un logro; pero debido a la pandemia de la COVID-19, amenaza la escolarización de la niñez refugiada.
En cuanto a las “niñas refugiadas” que experimentan un menor acceso a la educación que los niños, al consultar y retomar los datos generados por el “Fondo Malala” y ACNUR se estima que como resultado de la COVID-19 la mitad de las escuelas que abran de nuevo en septiembre, en países donde la tasa bruta de matrícula de niñas refugiadas en secundaria es inferior al 10 %, se prevé un alto abandono de los estudios de manera definitiva, lo que calificaron de “alarmante” y que tendrá repercusiones en generaciones venideras.
“Me preocupa especialmente el impacto en las niñas y jóvenes refugiadas. La educación no solo es un derecho humanos, sino que la protección y los beneficios económicos para las niñas refugiadas, sus familias y sus comunidades educativas evidentes. La comunidad internacional simplemente no puede permitirse el lujo de no brindarles las oportunidades que se derivan de la educación”, indicó Filippo Grandi.
El informe de la ACNUR apela a los gobiernos, sector privado y sociedad civil, así como, otros actores clave a unirse en los esfuerzos por encontrar soluciones y así reforzar los sistemas educativos nacionales y etiquetar recursos financieros para su sostenibilidad a futuro. En sus conclusiones reafirman que, de no hacerlo, se corre el riesgo de producir una generación perdida de niñas y niños refugiados privados de educación.
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