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Destacó que, con ello, las personas o familias con necesidades urgentes de protección corren el riesgo de ser devueltas a los mismos peligros de los que han huido en sus países de origen en Centroamérica, sin oportunidad de que se evalúen y atiendan esos requerimientos.
Por otra parte, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano documentó la llegada a la localidad de Tapachula, Chiapas, de un vuelo diario proveniente de McAllen, Texas, que transportaba a guatemaltecos, hondureños y salvadoreños expulsadas bajo dicho título.
Añade que en los dos primeros días de esta semana, las personas -principalmente mujeres y familias con niños- fueron transportadas desde Tapachula en autobuses del Instituto Nacional de Migración hacia Talismán, frontera con Guatemala.
Salieron custodiados por patrullas de la Guardia Nacional, pero se les abandonó, como sucedió bajo la política de Protocolos de Protección a Migrantes sin que hasta el momento haya claridad sobre el proceso administrativo seguido en México.
Ante ese panorama, en otro comunicado conjunto, Acnur, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ONU Mujeres y la Organización Internacional para las Migraciones expresaron que la aplicación del Título 42 coloca a miles de mexicanos, centroamericanas y de otras nacionalidades en una situación crítica.
Señalaron que la capacidad de recepción de los albergues de la sociedad civil a lo largo de la frontera se encuentra rebasada y es necesario fortalecer la respuesta de la institucionalidad local, estatal y federal, así como de la sociedad civil para atender esta delicada situación humanitaria.
Refirió que, con 12 mil 807 nuevas solicitudes de asilo en julio, más de 70 por ciento en Chiapas, la tendencia en México de llegadas a gran escala se mantiene desde 2018.
