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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La firma de un acuerdo entre la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el gobierno de El Salvador, oficializa la presencia de esta agencia en el territorio nacional, que abordará el fenómeno del desplazamiento interno que persiste y continúa afectando a miles de personas en El Salvador.
En su comunicado oficial el ACNUR, señaló que en la primera mitad del presente año, ha trabajado en coordinación con socios estratégicos, brindando atención a más de 13,000 personas desplazadas internamente o en riesgo de desplazamiento forzado debido a las extorsiones, amenazas y otras afectaciones causadas principalmente por pandillas.
Señalando que las cifras oficiales dan cuenta de 71,500 personas que enfrentaron el desplazamiento interno en El Salvador, en la década del 2006 al 2016. Situación de violencia que continúa en la actualidad con el caso de seis familias que tuvieron que desplazarse de sus hogares en San Julián, Sonsonate, a principios de septiembre, por las amenazas de las pandillas, por lo que vieron forzados a huir.
Y frente a estos hechos, ACNUR continuará monitoreando la situación de estas familias en coordinación con la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada. A partir que estos sucesos reconfirman la necesidad de un avance en la reglamentación e implementación de los mecanismos de protección y respuesta en la normativa salvadoreña, en materia del desplazamiento interno recién aprobada en el presente año. Y esperan que con esos datos y monitoreo poder diseñar políticas públicas y respuestas adecuadas a la situación que vive el país.
El Salvador ostenta la “presidencia Pro Témpore del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones” (MIRPS), un mecanismo mejorado para la región centroamericana y México, en coordinación con todos los sectores sociales, para buscar el fortalecimiento de los sistemas de protección y la promoción de soluciones duraderas a personas desplazadas forzosamente.
Una situación que ha impactado a casi un millón de centroamericanos, así como sus comunidades de acogida, desde el año 2017, el MIRPS ha logrado posicionarse como la aplicación regional del “Pacto Mundial sobre los Refugiados”, que buscan abordar de manera integral desplazamiento forzado en el mundo.
Reacción
Rina Montti -directora de monitoreo de Derechos Humanos de Cristosal- sostuvo que la instalación oficial de oficinas de ACNUR en el país es positiva, ya que es una opción para las víctimas de desplazamiento forzado y violencia. “Es para personas que necesitan salvaguardar sus vidas y ponerse a salvo”, dijo.
No obstante, “su apertura significa la ausencia de una institución y un sistema nacional de protección y atención a estas víctimas. Implica que la situación en El Salvador es complicada y delicada para algunas personas que han sido forzadas a abandonar a sus viviendas”.
De igual manera, Montti destacó que el país no hay una respuesta ni mecanismo público para la atención a las personas desplazados forzadamente. “En cara al anuncia de la suspensión del TPS, es realmente preocupante, porque es evidente que El Salvador no está listo para recibir a estas personas, adicionalmente a las personas que mes a mes retornan a El Salvador”, dijo.
Por lo que dijo que se hace conveniente que el gobierno salvadoreño atienda las necesidades de las personas desplazadas a través de la cooperación con organizaciones nacionales e internacionales.
