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Rebeca Henríquez
Samuel Amaya
@DiarioCoLatino
“Me han pasado cosas tan graves, que una vez estaba en un restaurante y una de las personas llegó y me aventó la soda. Luego, fui a ver (a sus redes sociales) y esa persona ya me había acosado anteriormente. He enfrentado ese tipo de situaciones”, cuenta Gladys Ardón, una joven activista social y profesional en periodismo, quien ha utilizado sus redes sociales para denunciar irregularidades del Gobierno y violaciones a derechos humanos, lo cual le ha ocasionado múltiples ataques digitales de personas afines al oficialismo y hasta de funcionarios.
La violencia en las plataformas digitales, particularmente hacia las mujeres, ha sido más evidente en los últimos años. Sobre todo, con el auge del uso de las redes sociales para la política. El acoso digital y la violencia en línea también han sido un elemento constante contra aquellas mujeres que desempeñan un rol importante en la sociedad, como la defensa de los derechos humanos y la promoción de espacios de diálogo, transparencia y rendición de cuentas hacia aquellos que están en el poder.
Por el rol que desempeñan, son víctimas de violencia en redes, pero algunas de estas agresiones trascienden de las pantallas digitales y se convierten en violencia física, como es el caso de Gladys Ardón, así como de otras mujeres en el espectro político.
Sin embargo, y pese a los incontables ataques que ha sufrido, Ardón no ha oficializado ninguna denuncia ante las autoridades pertinentes. Asegura que tiene miedo, porque “no se sabe con el tipo de persona con el que se puede estar topando”. Además, considera que actualmente la justicia está “parcializada”, pues no hay respuesta firme ante denuncias de personas que no son afines al oficialismo.
“Hasta cierto punto eso también desmotiva”, dijo, pero ha utilizado las mismas redes sociales, en algunas ocasiones, para denunciar a sus agresores y los perfiles que se encargan de amedrentar a quienes realizan denuncias públicas.
“Yo ya he conocido casos de personas que sí que han pasado de la violencia digital a la física, solo por el hecho de pensar diferente, de venir de un lugar diferente, y esto creo que no solo es un tema de política, lastimosamente”, puntualizó la activista social.
Ser mujer política, y disidente, se ha convertido en un blanco para los ataques. La Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas (ANDRYSAS) presentó el pasado 30 de mayo su Informe Final de Violencia hacia Mujeres Políticamente Activas en el proceso electoral de 2024, donde documentó hasta 740 agresiones diarias contra mujeres candidatas en las plataformas digitales.
Un total de 19 mujeres candidatas fueron las más atacadas en los comicios de este año. El registro más alto corresponde a ataques contra la exdiputada del FMLN, Marleni Funes, con 49 agresiones. Le sigue la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, con 28 y, en tercer lugar, Anabel Belloso, también exlegisladora del partido de izquierda, con 21.
De acuerdo con la asociación, desde el 6 de enero de 2024 hubo un incremento importante en las agresiones, escalada que tuvo el pico más alto el 5 de febrero. Un día después de las elecciones Presidenciales y Legislativas, se contabilizó una agresión cada dos minutos, 30 por hora. Solo ese día, hubo 740. El 6 de febrero fue el segundo día con más agresiones, con un registro de 646.
Durante la investigación, la asociación identificó dos tipos de cuentas relacionadas con los ataques en la red social X (antes Twitter): los perfiles que generan ataques directos y los que promueven su difusión; entre ellos destacan cuentas anónimas como @salvador_merece, que realizó 365 ataques dirigidos a mujeres candidatas, y otras como @chinchontepec22 y @Jukilop_lomejor.
Lucrecia Landaverde, una abogada que ha hecho denuncias por vulneraciones a derechos humanos y también ha sido víctima de acoso y violencia digital, dijo lamentar que las autoridades no cumplan su rol, pese a la existencia de marcos legales que castigan este tipo de violencia.
“Encontrará (en redes) desde los más asquerosos insultos, fotos y videos editados, hasta amenazas a muerte, sin que estos delincuentes digitales tengan ninguna consecuencia por sus delitos. Y no es porque no haya un marco jurídico que sancione a ese tipo de delincuencia, sino porque nuestro Órgano Judicial es selectivo y, por muy delictivo que sea el actuar de esos sujetos, lo cierto es que sólo se aplica la ley si las conductas van en detrimento al Gobierno o a personajes que son cachiporras del Gobierno. Sólo ellos están protegidos y gozan de una potente capa protectora que se llama impunidad”, puntualizó.
A la fecha, se ha conocido públicamente de tres casos en instancias de justicia sobre acoso digital contra mujeres en la política. En dos de ellos hubo resoluciones condenatorias, a favor de las víctimas. En ambos casos se trató de diputadas de Nuevas Ideas (NI).
Sin embargo, la legisladora del partido Arena, Marcela Villatoro, a quien corresponde el tercer caso por violencia y acoso de parte de un caricaturista y del exdiputado Romeo Auerbach, haciendo uso de plataformas digitales, sigue a la espera de justicia.
“En nuestro país tenemos una cultura de violencia generalizada, en todos los sectores de la sociedad, precisamente porque tenemos una sociedad con total ausencia de valores y carente de educación. La violencia digital es un fenómeno que pareciera que no les importa a las autoridades, y menos cuando la violencia es hacia las mujeres que no le aplaudimos al gobierno de turno”, dijo Landaverde.
Para la abogada, la violencia digital no solo daña la integridad moral y la dignidad de la mujer atacada; sino que esa violencia trasciende al grupo familiar. En su caso personal, constantemente es agredida en redes sociales con palabras soeces y dice sentirse injuriada y denigrada; “hasta amenazada a muerte y de forma pública por diferentes cuentas que se dedican a delinquir bajo el anonimato”.
Necesidad de reforzar las leyes
En El Salvador hay dos leyes que regulan conductas delictivas en el ámbito digital: la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos.
La LEIV establece, en su artículo 55, multas de dos a 25 salarios mínimos de comercio y servicio a quien publique o difunda, “por cualquier medio, imágenes o mensajes visuales, audiovisuales, multimedia o plataformas informáticas”, contenido de odio o menosprecio hacia las mujeres. Este apartado incluye los ámbitos de trabajo, educación, entorno comunitario y espacios de participación política o ciudadana.
En el caso del marco legal contra delitos informáticos, detalla en el artículo 27 que “el que realice conducta sexual indeseada por quien la recibe, que implique frases, señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual, por medio del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, será sancionado con prisión de cuatro a seis años”.
La también abogada y jefa de la unidad de inclusión social de Cristosal, Claudia Argueta, considera que en el proceso para interponer denuncias en las instancias correspondientes no tiene mayor acompañamiento, o la debida diligencia que permita brindar garantías de protección a las víctimas.
Actualmente, no se protege a quienes sufren estos delitos con medidas cautelares, porque los procesos no son expeditos o no son sencillos, sino que siguen el curso de los procesos generales. “No existe una tutela reforzada en caso de ser mujer quien denuncie este tipo de delitos informáticos, sino que siguen los procesos generalizados”, acotó.
Además, resaltó que es de vital importancia que las leyes adopten medidas preventivas y no solo medidas sancionatorias. Es decir, que no solo busquen reparar el daño cuando ya está hecho y sancionar al agresor, sino que también se desarrollen con un enfoque que permita que esto no se siga cometiendo.
Agregó que es necesario sensibilizar a la población sobre este tipo de violencia contra las mujeres y cómo afecta en varios ámbitos, como el psicológico, emocional y físico, y que podría trascender o afectar la vida y la integridad de las mujeres.
También existe la Ley Marco contra la Violencia Cibernética, aprobada por el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), que busca contribuir, armonizar y estandarizar las legislaciones nacionales para prevenir, detectar, atender y sancionar la violencia en línea contra las mujeres en cada uno de los Estados que conforman el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), del cual El Salvador forma parte.
“Esta ley especifica cuáles son los tipos de violencia en línea o violencia digital contra las mujeres. Hay ciertas conductas como el ciberhostigamiento, el ciberacoso, crear, difundir, publicar, distribuir, manipular o simplemente almacenar fotografías, vídeos, audio de naturaleza sexual o íntima sin el consentimiento de la víctima. Además, también un acceso no consentido a este tipo de información que atenten o ataquen a la integridad básicamente de las mismas”, aclaró Argueta.
La abogada aseguró que esta ley genera estándares, principios o modelos de cómo cada uno de los Estados que conforman el SICA deberían regular internamente sus legislaciones secundarias o políticas públicas; sin embargo, no son marcos normativos que se hayan adoptados por la Asamblea Legislativa de El Salvador, tomando en cuenta que los espacios de mujeres se han anulado en la institución.
Casos sin avance
Durante el periodo electoral recién pasado, y desde que se anunciaron las precandidaturas, varias mujeres que se postularon para ejercer cargos públicos señalaron que estaban siendo víctimas de violencia digital a través de diferentes redes sociales.
El partido Nuestro Tiempo (NT), en proceso de cancelación, documentó una serie de ataques que recibían las candidatas con un aproximado de 300 agresiones digitales por día. En ese contexto, Celia Medrano, investigadora social, defensora de derechos humanos y excandidata a la Vicepresidencia de la República, enfatizó que dichas agresiones eran insultos basados en violencia de género.
“Insultaban a las personas haciendo alusión a su apariencia física; pero, en la medida de que iban a escalada, empezaban a señalar que las candidaturas de mujeres de oposición pertenecían a pandillas o eran parejas de pandilleros, y que por eso estaban participando en las elecciones desde la oposición política electoral”, comentó.
Según Medrano, en la documentación se conoció que las cuentas de redes sociales de donde provenían los mensajes de odio eran anónimas, “operadas desde instancias estatales”, en donde la violencia de género “es parte de la estrategia política proselitista del oficialismo”.
“Bastaría por averiguar por qué las cuentas de la diputada de Alexia Rivas, por qué las cuentas oficiales de (Federico) Anliker, por qué las cuentas oficiales del Ministerio de Obras Públicas son seguidores de estas cuentas supuestamente anónimas (agresores), desde donde se lanzan mensajes de odio, violencia basada en género contra personas que participan en la oposición política electoral, en la defensoría de derechos humanos o desde el periodismo independiente”, dijo.
La denuncia formal se presentó el 27 de noviembre de 2023 ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El 1 de diciembre, el TSE citó a representantes del partido para ahondar en las pruebas, pero no hubo más detalles sobre los siguientes pasos.
Algunos medios de comunicación publicaron que el caso llegó a la Fiscalía; sin embargo, fue después del proceso electoral. Este medio solicitó, vía información pública, el proceso que siguieron estas denuncias, pero el TSE sostuvo que las denuncias interpuestas gozan de la “confidencialidad” regulada en la LEIV y la información no fue proporcionada.
A juicio de Medrano, el Tribunal evadió su responsabilidad: “¿Por qué no lo hizo en medio de la contienda electoral? ¿Por qué lo hace cuando la contienda electoral ya terminó? Simplemente están lavándose las manos frente a esta situación y, además, como TSE, por ley tenían la obligación de actuar”.
Un ejemplo de cómo inciden las redes sociales en las mujeres políticamente activas es el caso de Irma Tapia, una emprendedora y excandidata a diputada por NT, quien se vio obligada a hacer cambios en sus redes sociales desde donde ejerce su derecho a expresar sus opiniones.
“Tocó hacer redes privadas y dejar las que ya eran conocidas; recluirme, prácticamente, en un perfil en un círculo más cerrado, por el mismo miedo a ser atacados. Es para no exponer a mi familia y a mis amigos, que no están en nada de este ámbito”, dijo.
Tapia insiste en que las mujeres tendrían que tener derecho a participar sin miedo a recibir estos ataques. “Siempre se nos dice o se nos felicita por ser valientes, pero yo creo que participar en política, aun cuando uno es parte de la oposición, no debería de ser un motivo para felicitarlo por la valentía”, comentó.
Wendy Alfaro, actual secretaria de organización del partido VAMOS y excandidata a diputada por La Libertad, también dijo ser víctima de estos ataques. “Sí, he sufrido mucha violencia a través de las redes sociales, desde que atentan con el físico, con la familia, con la capacidad, con las ideas que uno expone”, señaló.
Según Alfaro, se ha identificado un modus operandi que busca desprestigiar a todas aquellas personas que son opositoras, pues muchas agresiones provienen de personas afines al oficialismo.
VAMOS también presentó denuncias ante la Unidad de Género del TSE, pero estas no fueron resueltas. “Nos dirigimos ahí específicamente porque hay un diputado, y eso se hizo público, que, desde sus cuentas oficiales con su nombre y su rostro, lanzó difamación y calumnia en contra de la diputada Claudia Ortiz; desde el hecho de tomar una fotografía, editarla y mostrarse en las redes sociales con documentos o con elementos gráficos editados, todo esto constituye delito”, comentó.
Alfaro destaca que se requería de un solo comentario de algún funcionario “para que se viniera una horda (grupo) de troles” en contra de las voces disidentes; los llama así, pues “son cuentas que recién eran creadas, con pocos seguidores o con los mismos seguidores; es decir, que comparten una serie de características, nosotros ahí vamos viendo un patrón”.
“Cuando vamos a la bandeja de entrada (de sus redes) va a encontrar una cantidad equis de mensajes y lo que contienen son piropos, propuestas indecentes, incluso a veces imágenes obscenas. Entonces, digo, nos exponemos bastante a todo este tipo de situaciones”, agregó.
Frente al control total de todas las instancias del Estado de parte del órgano Ejecutivo, en un país que actualmente no garantiza la independencia de poderes como el Judicial, Celia Medrano asegura que la mujer salvadoreña solo tiene un camino: “no doblegarse; no someterse, organizarse, mejorar sus mecanismos de defensa y no soltarse”.
“Si tocan a una mujer frente a estos hechos, tenemos que activarnos todas; porque al tocar a una mujer, y no hacer nada al respecto, estamos siendo cómplices de que a una mujer se le violen sus derechos humanos”, dijo.
