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@arpassv
En reunión ordinaria realizada esta semana, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) presentó los avances de la implementación territorial del Plan “El Salvador Seguro” y sus resultados en Mejicanos, Zacatecoluca, Cojutepeque, Sonsonate, Colón y demás municipios que fueron priorizados por registrar los mayores niveles de violencia.
La reunión destacó por dos aspectos. El primero son los sorprendentes resultados: la reducción significativa de homicidios y otros delitos en dichos municipios, la reducción promedia de asesinatos es 53%, logros que -por cierto- son invisibilizados o minimizados por los grandes medios de derecha (TCS, LPG, EDH).
Y el segundo aspecto destacado es el sentido de unidad y visión de país que mostraron alcaldes de diferentes partidos políticos: es alentador escuchar a alcaldes de ARENA en sintonía con los esfuerzos del gobierno empujando las estrategias del Plan “El Salvador Seguro”, despojados del interés partidario y abrazando la causa común de la seguridad para sus comunidades.
Esta loable actitud edilicia contrasta con la actuación perversa, mezquina y hostil de los dirigentes, diputados y otros personeros del partido oligárquico que sabotean los esfuerzos de seguridad, sobre todo el financiamiento de los planes y programas.
La dirigencia y grupo parlamentario arenero -apoyados por sus amigotes de la Sala Constitucional- mantienen una maquiavélica estrategia de asfixiar financieramente al gobierno y revertir los avances en materia de seguridad ciudadana. Los diputados bloquean la aprobación de presupuestos, préstamos, reformas fiscales, emisión de bonos y reorientación de fondos públicos.
Mientras la Sala “pone su granito de ARENA” declarando inconstitucional lo que se aprueba a pesar del boicot arenero. Los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sídney Blanco revirtieron el impuesto a las empresas que declaran pérdidas para evadir, el FONAT y la emisión de 900 millones de dólares en bonos, para citar solo algunos bloqueos de la Sala.
Ojalá estos alcaldes areneros -que han puesto la seguridad de sus municipios por encima de los colores políticos- presionen a la troglodita dirigencia y diputados de su partido, exigiéndoles que aprueben el financiamiento necesario para la seguridad pública.
Según estimaciones del PNUD, para la implementación completa del Plan “El Salvador Seguro” se necesitan 2,000 millones de dólares. Ese monto se obtendría fácilmente si ARENA devolviera los dineros que se robó con la corrupción, sus empresarios pagaran los impuestos que deben y sus diputados aprobaran una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”.
Los alcaldes areneros deberían presionar.
