San José / AFP
Guatemala y El Salvador discuten proyectos legislativos que buscan reinstaurar leyes de amnistía que darían impunidad a los responsables de graves abusos cometidos durante sus conflictos armados internos, advirtió Marcela Martino, defensora de los derechos humanos.
Subdirectora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Martino destacó que el proyecto de ley de Guatemala está más avanzado y ya tuvo dos votaciones en el plenario del Congreso, de tres votaciones requeridas para su aprobación final.
«La aprobación de una ley como la que el Congreso (guatemalteco) está discutiendo lo que pretende es que personas condenadas por graves violaciones de derechos humanos sean liberadas, que las personas en investigación en otros casos dejen de estarlo», dijo Martino a AFP.
La norma en Guatemala busca reformar el artículo 8 de la ley de reconciliación nacional, aprobada en 1996, que establece que delitos de lesa humanidad, como torturas o desaparición forzada de personas, no pueden ser objeto de amnistía.
«Lo que este nuevo proyecto de ley pretende es derogar ese artículo para dar una amnistía total» a los responsables de abusos en el conflicto interno que vivió Guatemala entre 1960 y 1996.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala han emitido sentencias que rechazan otorgar amnistías a los responsables de genocidio, masacres, desaparición forzada, violencia sexual y otros delitos contra los deberes de humanidad.
– Confluencia de intereses –
«Lo que está sucediendo es que han confluido intereses de diferentes grupos de poder que han visto sus intereses afectados por los procesos de justicia en Guatemala», comentó la dirigente de Cejil sobre el proyecto de ley.
Martino recordó que Guatemala vive «un momento muy grave de rompimiento institucional, de retroceso en algunos avances», como lo refleja la arremetida del presidente Jimmy Morales contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo adscrito a la ONU que ha dado golpes decisivos a la corrupción.
Intereses similares a los de Guatemala se han conjugado en El Salvador para buscar revivir la ley de amnistía, luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló una legislación de ese tipo vigente desde 1993, sostuvo Martino.
El proyecto de ley busca una «amnistía amplia, absoluta e incondicional a los responsables de crímenes cometidos durante la guerra civil salvadoreña, de 1980 a 1992, y está en discusión en una comisión legislativa.
La defensora de los derechos humanos recordó que el fallo de la justicia salvadoreña de 2016 anuló la ley de amnistía y ordenó al Congreso sustituirla con una ley de reconciliación nacional «con elementos distintos a una amnistía».
«Lamentablemente siempre que vemos avances, aquellos cuyos intereses están siendo afectados buscan retroceder», comentó Martino.
«Lo que está en discusión en El Salvador y Guatemala son alegados discursos de reconciliación que pasan por imponer el olvido, que pasan por tratar de ocultar la verdad y que pretenden construir sociedades supuestamente democráticas sobre la base de la injusticia y la impunidad», advirtió.
Martino adelantó que en el caso de Guatemala, donde la amnistía está más avanzada, si llega a ser aprobada será objeto de impugnaciones internas, y la Corte IDH posiblemente advertirá que su aplicación irá en contra de varias resoluciones emitidas sobre el país centroamericano.
«Espero que no se llegue a eso (aprobación de la amnistía) y espero que Guatemala se atenga a sus obligaciones internacionales y que los demás estados lo llamen a cuenta si no es así», sostuvo Martino.