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Mirna Jiménez
Diario Colatino
Activistas anticorrupción pusieron en duda la independencia y la fortaleza institucional de la Comisión Contra la Impunidad (CICIES), debido a su demasiada cercanía con el Ejecutivo y la falta de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.
Xenia Hernández del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) manifestó, que la falta de información sobre la estructuración de la CICIES ya es un hecho que mina la credibilidad de la nueva instancia de combate a la corrupción e impunidad, que debería tener la transparencia como uno de sus principales características.
“Si no conocemos desde su origen, cuáles son las conversaciones, cuando llegue a instalarse puede ser todo, menos una comisión internacional contra la impunidad”, dijo Hernández.
Afirmó que eso va a llevar más reveses porque en lugar de luchar y hacer frente a la corrupción, simplemente va a ser una dependencia más de la Presidencia, que puede carecer de toda independencia.
Claudia Ortiz de FUNDE sostuvo, que para que la Fiscalía General este vinculada para colaborar legalmente con la CICIES tiene que haber un instrumento legal con el rango de ley de la República, o que un tratado se ratifique.
“Entonces el camino para que sea una CICIES fuerte e independiente que no dependa de la voluntad nada más de una persona o de un político, sino que dependa de la voluntad de un estado, que en el uso de su soberanía decide solicitar el apoyo a un organismo internacional para que pueda apoyar y compartir algunas facultades”, explicó Ortiz, en entrevista en canal 33.
Roberto Rivera Ocampo dijo que la ley no autoriza al presidente de la República crear una comisión internacional porque la ley no lo faculta para eso.
Por otra parte, dijo que la autorización de la CICIES por parte de la Asamblea Legislativa, le podría dar legitimidad; y el presidente Nayib Bukele tiene “un contexto favorable” por la presión que tienen los diputados de parte de la ciudadanía.
“¿Qué ocurre si no la pasa por la Asamblea? va tener unas facultades limitadas para todo lo que necesita el país en cuanto a persecución del delito; además esta sujeto a un mandato de cinco años y ¿qué pasa si el siguiente no quiere?, cuestionó.
