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Mirna Jiménez
Diario Colatino
Activistas defensores del medioambiente y el derecho humano al agua consideraron que no existe ninguna justificación para que sectores de la empresa privada tengan participación en la instancia que vaya tomar las decisiones estratégicas sobre el vital recurso.
El ambientalista Ricardo Navarro, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), consideró que el control y última palabra en el tema del agua debe estar en manos de un viceministerio. Advirtió que cualquier instancia integrada por diferentes sectores corre el riesgo de que sea cooptada por sectores de la empresa privada como ha pasado, por ejemplo, con el Consejo Superior del Salario Mínimo, donde los representantes del sector trabajador terminaron sirviendo a los intereses de los empresarios.
“El temor que a mí me da es que se va meter ahí chinche y talepate. Yo prefiero dejar eso en manos del Estado. Siempre se las van a ingeniar (la empresa privada), por eso creo que debería de ser como el Viceministerio de Vivienda”, expresó Navarro, tras recordar el caso del Consejo del Salario Mínimo, donde los representantes sindicales siempre se ponían de acuerdo con los empresarios para boicotear cualquier incremento proporcional propuesto, especialmente en los últimos dos gobiernos de izquierda.
El experto Andrés McKinley, representante de la UCA, recalcó la naturaleza privatizadora del agua, la cual se establece de manera velada en la propuesta de ley presentada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y retomada en la Asamblea Legislativa por los partidos ARENA, GANA, PDC y PCN.
En dicha iniciativa, el consejo regulador del agua estaría integrado por dos integrantes del sector privado, dos de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) y uno más a propuesta de la Presidencia de la República.
“Esa estructura planteada por la derecha no funciona. Hay que recordar que Comures es una corporación privada, ANEP por supuesto, solo ahí van cuatro miembros de sectores privados, de cinco que integrarían la entidad”, recalcó McKinley.
“La propuesta que estamos moviendo es darle fuerza a la instancia pública del Estado y en esa instancia pública del Estado están los demás subsectores, con sus intereses, con sus necesidades, pero es el Estado el que regula y el que controla”, sostuvo Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor.
Los ambientalistas restaron credibilidad a las declaraciones de personeros de ANEP, quienes negaron que esa gremial ligada al gran empresariado esté promoviendo la privatización del agua.
Los activistas señalaron que la gremial solo está intentando esconder sus intenciones y queriendo al mismo tiempo convencer a la población de que el manejo del agua por parte del Estado es ineficiente.
“De lo que hablamos es de una actitud de la derecha donde primero desechan los avances que habían en la discusión en la ley general de aguas, hasta la legislatura 2012-2018. Habíamos abordado toda la parte general, la institucionalidad, la gestión de cuencas, es decir, 92 artículos, ellos dicen esto no vale, esto va para la basura, ese es un primer elemento”, sostiene al respecto Carlos Flores, del Foro del Agua.
Además de eso, los diputados de ARENA, PDC, PCN y GANA en la Comisión de Medio Ambiente sustituyeron la propuesta de ley de aguas presentada por el Estado como base de la discusión y rechazaron además una petición de la Universidad Centroamericana (UCA) de exponer en esa instancia su propuesta de ley de aguas.
“¿Qué es lo que significa?, que los partidos políticos de derecha han hecho uso de la aplanadora legislativa con la que cuentan, porque en la Comisión de Medio Ambiente tienen nueve votos y el FMLN tiene dos votos(…) y ¿para qué toman el proyecto de ley integral?, porque ese anteproyecto es el que tiene la propuesta de institucionalidad que le interesa a la ANEP”, denunció Flores.
