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Santiago / AFP
Organizaciones medioambientales condenaron la negativa del Senado de Chile a consagrar el agua como bien de uso público y pidieron aprobar en abril el cambio de la Constitución, heredada de la dictadura, para regular la explotación de recursos naturales.
Los activistas cuestionaron que pese a tener 24 votos a favor y apenas 12 en contra el proyecto naufragó el martes en la Cámara Alta, debido a que la actual Constitución exige dos tercios de los votos para realizar cualquier cambio al documento.
El rechazo «es una muestra que los intereses empresariales, principalmente de la minería, el agronegocio, empresas hidroeléctricas prevalecen» sobre la importancia del agua para consumo humano y para la vida de los ecosistemas, dijo el jueves a la AFP Alexander Panez, vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima).
Por su parte, Greenpeace Chile calificó de «vergüenza nacional que el Senado, en medio de la peor crisis hídrica de nuestra historia, rechace que el agua sea para el consumo humano de toda la población chilena».
Una megasequía golpea el centro del país tras una década de déficit de lluvias y los activistas señalan que la utilización del agua para producción agrícola y minera son causantes de la escasez, que lleva a que más de 600.000 personas sufran la falta de agua potable en sus hogares y deban ser abastecidas por camiones cisterna.
En ese marco, el estatuto constitucional del agua es uno de los puntos más discutidos por los movimientos sociales que piden cambiar la normativa actual, que permite su distribución por parte privados.
Según Panez la decisión del Senado marca que «la casta política en Chile no está entendiendo las señales que la ciudadanía está lanzando en las calles desde el 18 de octubre», cuando empezó la revuelta social que ha significado la mayor crisis en este país desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La creación de una nueva Constitución es una de las demandas centrales del movimiento social, que sigue -en menor número- en las calles, a casi tres meses de iniciada la revuelta. En abril, en un plebiscito voluntario se definirá si se cambia o no la Carta Magna.
Las alternativas son una convención constitucional íntegramente compuesta por constituyentes elegidos o una convención mixta en la que habrá una mitad elegida directamente y la otra elegida por el actual Congreso.
En casi tres meses, la crisis social se salda con 29 muertes y miles de heridos.
