Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
Redacción DiarioCoLatino
“La mercantilización y la reconcentración de la tierra, actualmente, es la expresión de un sistema económico inmoral e injusto que socava y hunde a la gente a condiciones de miseria”, dijo Judith Barrera, integrante de Ecos El Salvador, en la convocatoria abierta a diversos sectores del país.
La convocatoria reunió en su primera fase a representantes de juventudes, mujeres organizadas, cooperativistas y personas de la diversidad sexual, sectores con los que trabajarán en los próximos meses para realizar un proceso de consulta con todos los sectores de la población que se sumen a la iniciativa y discutir, para luego construir de forma participativa una “propuesta para la redistribución de la tierra, la reapropiación social de la naturaleza y la defensa del territorio”.
Barrera agregó que la iniciativa parte del derecho a la tierra y que en el país ha significado a través de su historia “la diferencia entre la pobreza y generar ingresos”. Las “familias oligarcas” que detentan la tierra las convierten en ganancias, explotación y extracción de los bienes naturales del país, agregó.
“Esta diferencia de tener tierra significa para la mayoría de la población tener hambre o estar saciado. Así que, si todo ese cultivo de la caña de azúcar que ocupa esas 114 mil manzanas, estuvieran sembradas de granos básicos como maíz y frijoles dejaríamos de padecer hambre”, sostuvo.
“Por ahora, los bolsillos llenos y hambre saciada son de las personas dueñas de estas grandes empresas que se dedican al monocultivo de la caña de azúcar. El derecho a la tierra constituye la base para el acceso a la alimentación, la vivienda y el desarrollo”, expresó Barrera.
La historia sobre el derecho a la tierra en El Salvador ha experimentado diversos procesos de “redistribución” como en los años setenta, en donde fue implementada como una “estrategia contrainsurgente” con el fin de debilitar la organización popular.
“De ese proceso el único logro de la Reforma Agraria, impulsada por el expresidente Arturo Armando Molina, fue el establecimiento del ISTA, que para 1980, este proceso estaba dividido en 3 fases, pero no pudo desarrollarse la fase 2, ¿Por qué?, porque estaba dirigido a tierras de más de 150 hectáreas pero menores de 500, que afectaba tierras dedicadas al cultivo del café”, afirmó.
“Y para 1992, en el contexto de la firma de los Acuerdos de Paz, se contempló una nueva redistribución de la tierra basado en mecanismos de mercado, en la compra venta de las tierras, siempre y cuando el propietario estuviera de acuerdo con esto”, agregó.
Sin embargo, señaló que pese a la falta de la autenticidad de esta transformación del “régimen agragario”, se pudo lograr algunos avances, que a finales de ese año de 1992 se habían distribuido más de 295 mil hectáreas (70%) en forma de cooperativas que beneficiaron a más de 85 mil familias campesinas.
“Estos pocos avances fueron estropeados con medidas de concentración agraria, tal como la reforma en el artículo 105 de la Constitución de 1980, la emisión del decreto 247 para desmantelar el cooperativismo. Y el decreto 698 que terminó privatizando la deuda agrícola”, sostuvo.
“Estos procesos históricos y procesos de contrarreforma agraria han abierto la puerta a dinámicas del reflujo, o sea, el proceso de reapropiación de las tierras de parte de sus antiguos dueños que tienen nombre y apellido de familias oligarquías del país. Y esta recuperación de la tierra no es sólo para fines agropecuarios, incluye fines especulativos de proyectos inmobiliarios y turismo”, aclaró Barrera.
Sobre esta situación, indicó, que esta reconcentración de la tierra ha condenado a amplias colectividades que ha dejado a miles de campesinos sin tierra para sus cultivos. Y en otros casos más graves, los campesinos tienen tierra, pero, sin el recurso hídrico debido a la extracción masiva por el monocultivo de la caña de azúcar u otras dinámicas económicas agrícolas.
“La tierra está siendo utilizada cada vez más para la especulación inmobiliaria que acrecenta la dificultad de acceder a una vivienda digna, es esta dinámica especulativa que encima afecta a los espacios públicos, como las playas, los parques y otros espacios. Provocando la privación del acceso común a estos o mercantilizándolos”, explicó.
Como ACUA y ECOS, Barrera añadió que la reconcentración de la tierra forma parte de un “modelo económico” excluyente y que impide la movilidad y desarrollo de la población en vulnerabilidad social.
“Frente a esta situación histórica triste e injusta, buscamos como ACUA y ECOS conversar con diferentes sectores de la población salvadoreña como las cooperativistas, mujeres organizadas, juventudes, Pueblos Originarios, personas con discapacidad, campesinos sin tierra y otros que quieran sumarse a esta iniciativa de trabajo”, señaló.
“El objetivo de recolectar estos estos insumos, experiencias e iniciativas, es para la construcción de una propuesta participativa de redistribución de la tierra, que incluya la reapropiación social de la naturaleza y la defensa del territorio. Es por esto de esta consulta y por eso los hemos convocado a estos sectores que ahora nos acompañan. Queremos conocer las problemáticas, las posturas que existen frente a realidades de jóvenes que no pueden acceder a una vivienda, el abandono actual de la agricultura o la privatización de los espacios públicos”, reafirmó Barrera.
Para José Roberto Gómez, Rever-dES , que representa a un colectivo de Personas con Discapacidad en El Salvador, solo se ha realizado una encuesta sobre esta población en el año 2015, que mostró una población de 406 mil personas con discapacidad física (4.6%), que enfrentan muchos obstáculos e incumplimientos de sus derechos.
“Esta en juego en El Salvador los derechos de la población, esa dinámica de viviendas con altas cuotas y en donde sólo pueden pagar una vivienda personas que cuentan con un buen salario”, dijo.
“Y en el caso de las personas con discapacidad, esto ha sido así siempre, aunque las personas con discapacidad se encuentren económicamente activas y laboralmente contratadas, se nos niega un acceso al crédito.
La privatización también de lugares de recreo o paseo es quitarnos el derecho al esparcimiento”, puntualizó Gómez.
