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Managua / AFP
Blanca Morel / Julia Ríos
El gobierno y la oposición de Nicaragua acordaron «la hoja de ruta de las negociaciones» con las que buscarán una salida a grave crisis que sacude al país, tras la liberación de un centenar de presos que habían sido detenidos por protestar contra el presidente Daniel Ortega.
«Se trabajó en la aprobación de la hoja de ruta para el funcionamiento de las negociaciones», anunció el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag en rueda de prensa, al dar lectura a una declaración al terminar la cita en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), en Managua.
En el encuentro, el gobierno y la oposición lograron ponerse de acuerdo en nueve de 12 propuestas a ser discutidas en el diálogo, que continuará el jueves, indicó el nuncio.
Participaron seis delegados del gobierno, encabezados por el canciller Denis Moncada, y seis representantes de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACPD), que preside el exdiplomático Carlos Tünnermann.
Como «testigos» del diálogo asistieron el nuncio y el cardenal católico Leopoldo Brenes.
«Es un buen día para nuestra Nicaragua», celebró temprano la vicepresidenta y portavoz oficial, la primera dama Rosario Murillo.
«Nicaragua merece un diálogo serio, transparente y concreto», manifestó en Twitter la ACJD antes de iniciar las negociaciones.
Ortega anunció la semana pasada la voluntad de reanudar el diálogo para restaurar «la paz y la seguridad» en Nicaragua y «abrir una nueva ruta» de entendimiento, tras 10 meses de crisis política que ha deteriorado la economía.
– Presos liberados –
Previo a la instalación de la mesa, el gobierno en un gesto de buena voluntad liberó a 100 de los más de 700 presos por participar en las protestas que estallaron en abril pasado contra el gobierno de Ortega.
La policía informó en un comunicado que los beneficiados, entre ellos ocho mujeres, fueron excarcelados bajo un régimen de «convivencia familiar (casa por cárcel) u otras medidas cautelares».
Entre los liberados no figuraba ningún reconocido dirigente opositor.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, celebró el gesto y afirmó que «el camino de liberación de los presos políticos despeja los obstáculos y nos lleva a las soluciones institucionales y democráticas».
«Es un milagro estar nuevamente aquí», dijo el profesor Juan Bautista Guevara, quien tras llegar a su hogar tras su arresto en noviembre pasado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saludó en Twitter la primera jornada de diálogo y recordó la importancia que en este proceso «deben tener el acceso a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición» especialmente para las víctimas.
La OEA y el Parlamento Europeo van a seguir «de cerca la situación, para que cese la represión de la prensa y la sociedad civil. Si no hay resultados concretos, llegarán las medidas», escribió en Twitter su presidente, el italiano Antonio Tajani.
Previo al inicio de las negociaciones también se conoció el aplazamiento del juicio que estaba previsto para el miércoles contra el académico Ricardo Baltodano, hermano de la exguerrillera y disidente sandinista Mónica Baltodano, quien apoyó las protestas.
Asimismo, más de una decena de audiencias se han pospuesto desde el viernes, entre ellas las de siete dirigentes entre los que figura la belga nicaragüense Amaya Coppens.
– Aislamiento y crisis –
Ambas partes volvieron a encontrarse nueve meses después de una negociación fallida mediada por el episcopado durante la violenta represión de las protestas antigubernamentales, en las que al menos 325 personas murieron, 700 fueron detenidas y miles se exiliaron en países vecinos.
Ortega, de 73 años, alegó en aquella ronda de diálogo que los opositores y la iglesia pretendían quitarlo del gobierno al proponer una agenda de reformas, que incluía adelantar las elecciones de 2021.
En esta ocasión, el bloque opositor que reúne a empresarios, estudiantes, campesinos y organismos de la sociedad civil dijo que iba a proponer la participación de «garantes internacionales», como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas.
Y su prioridad en el diálogo será «la liberación de los presos políticos, la libertad de expresión, de movilización y que se adelanten las elecciones», había apuntado el martes Azahálea Solís, miembro del equipo negociador de la ACJD.
El gobierno acude al nuevo ciclo negociador presionado por el colapso de la economía y el aislamiento internacional, agravado por la turbulencia que vive la Venezuela de su aliado Nicolás Maduro.
«Ortega accedió a dialogar porque la resistencia civil continúa firme, por el aislamiento internacional, la situación (de crisis) en Venezuela y porque la economía está en caída libre», consideró Solís.
La crisis política que causó la «oposición» impactó duramente en la economía, que se contrajo 4% en 2018 y perdió más de 300.000 puestos de trabajo. La proyección para este año es de una caída del PIB de 11% y más desempleo, según gremios económicos. El gobierno, en tanto, prevé una contracción de 1% para este año.
