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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de El Salvador llegaron a un acuerdo a nivel técnico sobre un nuevo programa en el marco del Servicio Ampliado por $1,400 millones para respaldar la agenda de reformas del gobierno. El Gobierno debe reformar la Ley Bitcoin para que su uso sea voluntario y no obligatorio en el sector privado. Sin embargo, el acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI.
Así se dio a conocer esta semana en el sitio web del FMI. Es de aclarar que el Gobierno de Nayib Bukele intenta buscar financiamiento del FMI desde hace cuatro años, pero este organismo no ha desembolsado estos fondos por requerir de ciertas garantías al Gobierno salvadoreño.
El programa tiene por objeto reforzar la sostenibilidad fiscal y externa, mediante la aplicación de un plan de consolidación fiscal “ambicioso y favorable” al crecimiento, así como medidas para fortalecer las reservas.
Según los acuerdos que se habrían tomado entre ambos están los esfuerzos para mejorar la gobernanza, la transparencia y resiliencia, los cuales, serían esenciales para impulsar la confianza y el potencial de crecimiento del país, en un contexto de “fuertes mejoras” de la seguridad. La aceptación de Bitcoin por el sector privado sería voluntaria y la participación del sector público en actividades relacionadas con Bitcoin sería delimitada.
Según dice el portal del FMI, un equipo técnico del FMI encabezado por Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, y Raphael Espinoza, jefe de la Misión para El Salvador, sostuvo conversaciones en San Salvador durante el 5 al 14 de diciembre de 2024.
Afirmaron que se había llegado a un acuerdo a nivel técnico sobre un programa de 40 meses en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por unos $1,400 millones de dólares para atender las necesidades de balanza de pagos y respaldar las reformas económicas del gobierno.
El personal técnico del FMI señala que la economía salvadoreña se sigue recuperando desde la pandemia respaldado por las remesas “y a un notable” repunte del turismo, en un contexto “de mejora” de la situación de seguridad. Al mismo tiempo, el déficit por cuenta corriente ha seguido reduciéndose y la inflación ha disminuido aún más, apoyada también por una baja de los precios mundiales de las materias primas.
Los elementos claves de dicho programa serían: Política Fiscal, Gobernanza, transparencia y resiliencia, reservas y activos digitales.
Sobre los activos digitales, el FMI sostuvo que los riesgos potenciales del proyecto Bitcoin “disminuirán significativamente”, ya que pide reformas legales que harán que la aceptación de Bitcoin por parte del sector privado sea voluntaria, ya que actualmente es obligatoria y no voluntaria como dice el oficialismo.
Así lo establece el artículo 4 de la Ley Bitcoin: “todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio”.
Para el sector público, la participación en actividades económicas relacionadas con Bitcoin y las transacciones y compras de Bitcoin estarían delimitadas. Los impuestos podrán ser pagados solo en dólares y la participación del gobierno en la billetera cripto (Chivo) se irá reduciendo gradualmente. Para salvaguardar la estabilidad e integridad financiera, y la protección de los consumidores e inversionistas, se mejorará la transparencia, la regulación y la supervisión de la industria de activos digitales, señaló el FMI.
En la política fiscal, el programa se basa en la mejora del balance primario de alrededor del 3,5% del PIB a lo largo de 3 años, para situar la proporción de la deuda pública en relación al PIB en una firme senda descendente tras alcanzar un máximo del 85% del PIB en 2024.
“Esfuerzos adicionales de reforma se centrarán en reforzar la eficiencia de la función pública, la viabilidad del sistema de pensiones y la movilización de los ingresos para garantizar la sostenibilidad fiscal y una mayor reducción de los costes de endeudamiento. La mejora de las finanzas públicas se llevará a cabo de forma que se refuerce el apoyo a los más vulnerables y se proteja la inversión pública prioritaria”, planteó el personal técnico del FMI.
Sobre la transparencia fiscal, el FMI señaló que se fortalecerá sustancialmente, empezando por esfuerzos tempranos para mejorar el marco de responsabilidad fiscal, al igual que la información que se publica sobre la deuda pública, las pensiones, las empresas estatales, y los contratos públicos con transparencia sobre los beneficiarios finales.
Las primeras reformas se centrarán, según se dijo, en el establecimiento de un marco sólido de lucha contra la corrupción y en la mejora de los mecanismos de lucha Antilavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), en consonancia con las mejores prácticas internacionales. Para impulsar el clima de negocios y la resiliencia, se harán esfuerzos adicionales para reducir la burocracia, modernizar las infraestructuras y adaptarse al cambio climático, con el apoyo de instituciones socias para el desarrollo.
Sobre las reservas, se mejorará los colchones fiscales y del sector financiero, entre otras cosas mediante un refuerzo temprano del marco de liquidez de los bancos que también apoye el crecimiento continuado del crédito al sector privado. Las reservas de liquidez exigidas a los bancos, que actualmente se ubican en el equivalente de 11,5% de los depósitos, alcanzarán gradualmente el 15% a finales de junio de 2026, futurizó el FMI.
“El financiamiento del FMI fortalecerá las reservas brutas del banco central, reforzando así su capacidad para hacer frente a las crisis. Al mismo tiempo, se avanzará en reformas para adaptar la normativa bancaria a las normas de Basilea III sobre supervisión basada en el riesgo”, añadió.
Se espera que el Directorio del FMI considere este programa para su aprobación a principios de febrero, una vez que se hayan implementado las acciones previas acordadas. El Gobierno de El Salvador no ha brindado información sobre este acuerdo técnico.
