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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“El 26 de septiembre próximo se cumple el plazo para la firma del Acuerdo de Escazú, y en este momento El Salvador no ha dado a conocer su postura oficial frente a este compromiso”, dijo César Artiga, del Grupo Impulsor del Acuerdo de Escazú, al valorar que sin esa firma el Estado salvadoreño, sería de la minoría que no han “honrado el compromiso”.
Artiga reseñó que la experiencia con la administración anterior a la que “le faltó voluntad política y tiempo”, así como el actual Gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, el tiempo se ha ido agotando para firmar este instrumento vinculante y procedimental de cumplimiento y vigencia de derechos cívicos que son fundamentales en un Estado de Derecho.
Sobre los antecedentes del Convenio de Escazú, Artiga explicó que el mes de septiembre de 2018, la administración anterior (Salvador Sánchez Cerén) realizó una consulta interna que fue solicitada por el Ministerio del Medio Ambiente, y que “más allá, de las valoraciones de la anterior administración”, la consulta interna no quedó cerrada porque el MINED y el Instituto de Acceso a la Información, no respondieron ni a favor ni en contra, por lo que aún estaba abierto.
“El 22 de agosto del año pasado, como Grupo Impulsor del Acuerdo de Escazú, iniciamos el diálogo con la administración actual, en particular con el Ministerio de Medio Ambiente y Cancillería de la República, y cuando abordamos que la consulta no había cerrado –ofrecimos acompañarlos- para terminar ese proceso interno y cumplir con todo el proceso”, indicó Artiga.
Asimismo, comentó que el Grupo Impulsor trabajó con el apoyo de la CEPAL y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, para acompañar a la administración actual con esos requerimientos y la consulta terminó en febrero de 2020, con un contexto favorable de todas las instituciones, incluyendo las que faltaban y el documento ha estado en el despacho del presidente Bukele, desde marzo recién pasado.
“Sabemos que está en la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Y, a diferencia del MARN, de la gestión anterior, el actual no ha movido la iniciativa –ignoramos el por qué- porque en otros países estos ministerios lideran la firma del Acuerdo de Escazú. Lo que tenemos claro es que no hay un nivel de compromiso serio y robusto sobre el tema. De no firmarlo tenemos una serie de vías de cómo hacer, pero el mensaje es negativo”, sostuvo.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú? Es un instrumento legal que garantiza el acceso a la información ambiental; la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales; el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la protección de las personas defensoras del medio ambiente, señaló Adela Bonilla, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria.
La ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú también conlleva la posibilidad de un “asidero legal”, que fortalecería la institucionalidad pública, la profundización y ejecución del marco de políticas públicas nacionales y compromisos internacionales que dinamizan la jurisprudencia ambiental y garantizar el acceso a la justicia.
“El Acuerdo de Escazú creará condiciones en el país para avanzar en la democracia y gobernanza ambiental, será una herramienta de diálogo para la resolución temprana de conflictos socio-ambientales en donde las voces de las comunidades y territorios sean verdaderas protagonistas en la toma de decisiones, garantizando así la protección de los bienes comunes naturales y los derechos ambientales de las personas con particular énfasis en aquellos grupos que han sido dejados atrás históricamente, como las mujeres, los pueblos indígenas y las juventudes”, manifestó Bonilla.
Morena Murillo, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, en representación del colectivo de organizaciones ambientales, agregó que el Gobierno debería emitir plenos poderes a la Embajadora de la Misión del país, en Naciones Unidas, para que firme el Acuerdo de Escazú.
“Creemos nosotros que como país, estamos en una situación difícil, porque tenemos bastantes dificultades y conflictos ambientales; y pese a tener normativas de protección a los derechos humanos o acceso a la información, no nos garantiza la protección, entonces el Acuerdo de Escazú, vendría ante todo, a facilitar el acceso a la información y la contraloría, que son derechos que toda la población tiene y puede exigir. Porque no se pueden tomar decisiones de nación, sin la participación civil de las personas que serán afectadas por megaproyectos , eso debe cambiar”, sostuvo Murillo.
Mientras, Luis González, en representación de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, recalcó que el país se encuentra con “graves amenazas ambientales”, que genera crisis no solo a las poblaciones, sino al medio ambiente que les rodea, por tanto, el Acuerdo de Escazú es un “escudo de protección”, ante la vulnerabilidad social y ambiental.
