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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Alejandro Labrador, de la Plataforma Global, afirmó que las diversas organizaciones sociales de juventud, mujeres feministas, cooperativistas, profesionales y sector académico se han unido para sentar posición sobre la situación del “pacto fiscal” que se discute en Casa Presidencial por todos los partidos políticos.
“Se necesita de la participación amplia y directa de la población organizada y de las instituciones con experticias en el tema, nos enorgullece participar de esta gran red de organizaciones y recordar que es un esfuerzo que viene desde el año pasado, que propone la discusión del pacto o acuerdo fiscal con medidas de índole progresivo, recíproco, justo y equitativo”, argumentó.
Sobre las medidas de austeridad en el gasto orientado al desarrollo social y económico, Labrador afirmó que no son en realidad la mejor solución ante la crisis fiscal; que por el contrario era necesaria la implementación de una política fiscal constituida por mayor gravamen progresivo (impuesto a un caudal o inmueble) quienes tienen más, paguen más, y reducir los impuestos regresivos como el Impuesto del Valor Agregado (IVA) para lograr un impacto positivo en la mayoría de la población.
La coalición de las organizaciones ciudadanas la integran: Plataforma Global El Salvador; ASGOJU, Concertación Feminista Ayala, ADECES, PROVIDA, UNES, APROCSAL, CDC, COLPROCE, ISD, Universidad de El Salvador (UES); el Departamento de Economía de la UCA; Colectivo KM200+ en Morazán, CRIPDES, TVX, FESPAD, REDES y el IMU.
Labrador explicó que en un sondeo realizado por la organización “Alta Voces” , hallaron que 9 de cada 10 salvadoreños consideran que el tema fiscal debe abordarse de manera pública y transparente; por lo que decidieron unir esfuerzos y exigir al gobierno la participación de la sociedad civil en el tema fiscal.
“Creemos que es urgente que se escuche la posición de la población organizada para discutir sobre la implementación de la política fiscal; recordemos que desde los años noventa (gobiernos de ARENA) no cuenta con impuestos progresivos que impongan una carga tributaria a la riqueza, como sucede en todos los países desarrollados y de la región”, explicó.
Se recordó que el expresidente Alfredo Cristiani, del partido ARENA, eliminó el “impuesto al patrimonio”, que significaría unos 80 millones de dólares al año, por lo que habría que aplicarlo nuevamente en propiedades cuyo valor excedan los 150 mil dólares.Asimismo, el “impuesto predial de lujo” que recae sobre bienes inmuebles de descanso o recreo en playas y montañas, cuyo valor sería superior a los 300 mil o 500 mil dólares y permitiría recaudar unos 40 millones de dólares provenientes del decil (sector socioeconómico) más rico de la población, que por ahora no pagan impuestos.
“La evasión y elusión fiscal es una de las expresiones de corrupción más graves que enfrenta nuestro país, por las cuales el Estado está perdiendo más de 2.5 mil millones de dólares al año, lo que supondría más de 13 mil 182 millones de dólares en los próximos cinco años”, reiteró Labrador.
Mientras, José Luis Magaña, de ADECES, expresó que la crisis fiscal de las finanzas públicas del gobierno no debe analizarse como un simple problema de flujos y gastos, sino que, es un problema que está ligado a la concepción que se tiene del Estado y la forma en que se concibe la política tributaria. “Las soluciones que se están buscando bajo la guía de la austeridad y disciplina fiscal, no son lo mejor respuesta. Estos recortes al gasto público ha demostrado impactos negativos en el crecimiento económico y distribución del ingreso. Y por el contrario, el incremento en el gasto público y una política tributaria progresiva, donde quien tiene más, pague más impuestos genera mejores índices en el crecimiento, como en la mejora de distribución de los recursos”, manifestó.
Como propuestas, las diversas organizaciones sociales demandaron una reforma tributaria que graven las Rentas más altas e incorporen impuestos a la riqueza y el Capital; así como no recurrir al IVA como solución de mejora de las finanzas públicas. “Se debe reforzar el presupuesto que garantice servicios públicos universales de calidad especialmente educación, salud y acceso al agua, para el que el gasto público sea lo más eficiente posibles en promover la calidad de vida de la población salvadoreña”, puntualizó Magaña.
